La Comisión Mixta está poised para votar el próximo martes 4 de agosto el informe final de la controvertida iniciativa destinada a mitigar el impacto económico en los municipios, resultado de la reducción de contribuciones para personas mayores de 65 años. Este debate, que ha ocupado gran parte de la agenda legislativa, ha sido el resultado de semanas de intensas negociaciones entre los parlamentarios y el Ejecutivo. La importancia de esta votación radica en que el informe definirá el rumbo que tomará el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social durante su proceso legislativo. La discusión no se centra únicamente en el alivio fiscal para los adultos mayores, sino en cómo esta medida afectará las finanzas municipales, dado que una parte significativa de los ingresos de los gobiernos locales proviene del impuesto territorial.
Durante el proceso legislativo, se ha incorporado un mecanismo de compensación diseñado para contrarrestar la disminución en la recaudación de ingresos que los municipios enfrentarán a raíz de esta ley. Este aspecto ha suscitado un debate considerable sobre la viabilidad financiera de las municipalidades y su capacidad para adaptarse a estos cambios. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ha expresado su preocupación por la dilación en las tramitaciones, tanto en la Comisión Mixta como en el Tribunal Constitucional, señalando que esto podría retrasar la implementación de medidas cruciales para el sector de la construcción y para la economía más amplia del país.
La complejidad del debate también ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión municipal y su capacidad para adaptarse a los cambios en los ingresos. Rodrigo Aravena, director comercial de AGS Visión Inmobiliaria, ha sugerido que las administraciones locales deben revisar sus fuentes de ingresos y estructuras de gasto. Propone que los municipios se enfoquen en impulsar la inversión, eliminando obstáculos a proyectos que podrían propiciar una mayor recaudación fiscal, además de mejorar su eficiencia administrativa para recortar gastos innecesarios. Estas propuestas son vistas como esenciales para garantizar la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales en un contexto de cambios fiscales.
El proyecto de ley no solo se limita a beneficiar a los propietarios mayores de 65 años, ya que incluye otras medidas significativas relacionadas con el mercado de vivienda. Entre ellas, se menciona una exención temporal y voluntaria del IVA para nuevas viviendas, diseñada para facilitar la comercialización de un stock considerable que ha permanecido sin vender. Esta estrategia busca estimular la actividad en el sector inmobiliario, aunque Aravena advierte que no se debe esperar una reducción proporcional del impuesto en el precio final de las propiedades. Según sus estimaciones, la rebaja real del precio podría rondar el 8%, debido a diversos costos que no generan crédito fiscal, como los gastos generales de construcción y la adquisición del terreno.
A medida que se aproxima la votación en la Comisión Mixta, el ambiente está cargado de expectativas y preocupaciones. Los efectos de esta iniciativa no solo influirán en los beneficiarios directos, como los adultos mayores, sino que también marcarán la pauta sobre cómo los municipios administrarán su nuevo panorama fiscal. Con el trasfondo de una economía que busca recuperarse y fomentar la inversión, la forma en que se implemente este mecanismo de compensación será clave para asegurar que los municipios puedan seguir funcionando sin comprometer su capacidad de ofrecer servicios a la comunidad. La siguiente semana será crítica para el futuro de esta iniciativa y para el sostenido desarrollo local de Chile.
