El encargo o construcción de infraestructura se define mucho antes de cerrar su evaluación financiera y diferentes dimensiones pueden modificar el costo, los plazos y la viabilidad de un activo: territorio, permisos, comunidades, impactos ambientales, compromisos futuros, capacidad operacional y exposición reputacional.
Construir una línea de transmisión, participar en un proyecto de almacenamiento o invertir en infraestructura para agua implica analizar ingresos esperados, costos, contratos y vida útil. En activos que permanecerán décadas en operación, la revisión necesita extenderse también hacia lo que ocurre alrededor de la infraestructura.
¿Dónde está emplazada? ¿Qué permisos tiene pendientes? ¿Qué relación existe con las comunidades? ¿Qué compromisos ambientales se deben asumir? ¿Existen condiciones que puedan elevar los costos de operación? ¿Qué riesgos pueden terminar afectando la reputación de la empresa?
Para Paola Basaure, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Gestión Socioambiental de Transelec, estas preguntas deben aparecer desde las primeras etapas de una decisión de negocio. Su trayectoria combina ingeniería, estrategia y gestión territorial, dimensiones que convergen precisamente en la evaluación de activos de infraestructura.
“Cuando hay una idea de negocio, ya sea una adquisición, un proyecto nuevo, una obra regular, independiente de lo que sea, siempre el área nuestra es parte del inicio del proceso”, explica. La razón, agrega, está en incorporar las variables socioambientales a la toma de decisiones desde el comienzo.
La experiencia institucional de Transelec confirma que esta mirada también se aplica a procesos de due diligence, nombre que recibe la revisión detallada realizada antes de adquirir un activo o comprometer una inversión. Por ejemplo, en su estrategia de sostenibilidad, la compañía señala que su análisis social apoya diferentes procesos, en esta materia, asociados a adquisiciones privadas de infraestructura.
La experiencia de Basaure, cruzada con la gestión de Transelec, permite ordenar al menos siete preguntas que una empresa debería resolver antes de comprometer capital.
1. Entender el territorio donde está realmente el activo
Un activo puede estar perfectamente identificado mediante coordenadas, planos y servidumbres y seguir siendo poco conocido desde el punto de vista territorial.
Para Basaure, comprender un proyecto significa mirar también las localidades, actividades y organizaciones que existen alrededor. En Transelec, explica, el análisis puede considerar comunidades adicionales a aquellas identificadas formalmente por el proceso de evaluación ambiental cuando los equipos reconocen algún grado de interacción con la infraestructura.
La pregunta previa a una inversión pasa entonces por conocer qué ocurre sobre el territorio que sostiene físicamente al activo, como usos del suelo, crecimiento urbano, actividades productivas, áreas ambientalmente sensibles y relaciones sociales construidas durante años.
Por ejemplo, como parte de una política transversal, Transelec incorpora hace años la gestión territorial y el relacionamiento comunitario entre sus temas materiales, describiendo un modelo basado en relacionamiento temprano y participación ciudadana anticipada. Esta lógica se relaciona con una mirada de innovación socioambiental basada en escuchar, anticipar y comprender el territorio.
Para un inversionista, ese conocimiento permite detectar condiciones que difícilmente aparecen en una planilla financiera y que pueden acompañar al activo durante toda su vida útil.
2. Saber exactamente qué permisos existen y cuáles faltan
Los permisos tienen una relación directa con tiempo y presupuesto. Las certificaciones ambientales y permisos sectoriales asoman como un diferenciador específico para el desarrollo de proyectos. Expertos como Basaure, advierten que distintos criterios entre regiones y mayores requerimientos ambientales pueden traducirse en retrasos, costos adicionales y desfases en el financiamiento de una obra.
Una diligencia previa necesita determinar entonces mucho más que si el activo cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental.
También importa revisar permisos sectoriales, autorizaciones pendientes, modificaciones realizadas durante la construcción, obligaciones sujetas a renovación, fiscalizaciones anteriores y condiciones que puedan requerir nuevas tramitaciones.
Esta mirada coincide con la experiencia de la ejecutiva, quien identifica el fortalecimiento del cumplimiento ambiental como uno de los principales procesos que ha observado y gestionado desde su llegada a Transelec.
El permiso representa así una obligación que seguirá acompañando al activo después de concretada la inversión.
3. Conocer la relación existente con las comunidades
Una adquisición o construcción también hereda relaciones.
La infraestructura puede tener años de convivencia con juntas de vecinos, comunidades indígenas, propietarios, municipios y organizaciones locales. Esa historia puede contener acuerdos, expectativas, compromisos y experiencias anteriores que conviene conocer antes de tomar una decisión.
Basaure plantea que el relacionamiento debe construirse pensando en la permanencia. “Somos un vecino que se van a quedar para siempre”, señala al explicar la lógica con que observa la presencia de Transelec en los territorios.
Desde esa perspectiva, una due diligence socioambiental debería reconstruir la historia social del activo: qué actores se relacionan con él, qué temas han generado preocupación, qué acuerdos existen y qué canales de comunicación se mantienen activos.
Transelec gestiona actualmente esta dimensión mediante su estrategia “Comunidades y Valor Social”, que incluye participación temprana y mesas de trabajo comunitarias.
El estado de esas relaciones forma parte del activo que una empresa está evaluando, incluso cuando carece de una expresión contable inmediata.
4. Identificar las implicancias posteriores
La gestión de una infraestructura no termina necesariamente cuando concluye su construcción y entra en operación. Ruido, vegetación, biodiversidad, residuos, interacción con zonas pobladas y exposición a eventos naturales pueden requerir gestión permanente.
Este tipo de información permite distinguir entre el costo de adquirir un activo y el costo de mantenerlo ambientalmente gestionado durante los años siguientes.
Para Basaure, esa idea forma parte de una transformación más amplia dentro de las empresas de infraestructura. Los problemas operacionales comienzan a observarse también desde sus implicancias ambientales, sociales y reputacionales. Esa evolución conecta con los aprendizajes de una transformación organizacional impulsada desde dentro.
Una inversión bien evaluada necesita incorporar esos elementos antes de cerrar el negocio.
5. Revisar los compromisos que acompañarán al futuro propietario
Al comprar infraestructura también pueden adquirirse obligaciones futuras. Una resolución ambiental puede contener monitoreos, medidas de mitigación, planes de seguimiento, compromisos territoriales y obligaciones cuya ejecución se extienda durante años. A ello pueden sumarse acuerdos establecidos directamente con comunidades y autoridades.
Por eso resulta importante identificar quién deberá cumplir cada obligación, cuánto costará hacerlo, durante cuánto tiempo y qué evidencia existe de su cumplimiento previo.
Transelec precisamente entrega trazabilidad a permisos, compromisos y gestión socioambiental. La compañía declara que los desafíos ambientales y de permisos se gestionan mediante procesos y procedimientos destinados a acompañar su obtención y cumplimiento.
Desde la mirada de Basaure, esta revisión comienza temprano. Su área participa desde la etapa de adquisición o desarrollo precisamente para que las variables socioambientales formen parte de la decisión original.
El precio de compra cuenta una parte de la historia. Los compromisos futuros ayudan a calcular cuánto exigirá realmente ese activo.
6. Preguntarse si la empresa puede operar el activo bajo esas condiciones
Un activo puede resultar atractivo financieramente y demandar capacidades adicionales de mantenimiento, monitoreo, seguridad, gestión ambiental o adaptación climática.
Para Basaure, el desempeño operacional y la confiabilidad de los activos son materias centrales para Transelec. La compañía utiliza sistemas de gestión de activos, monitoreo mediante sensores, drones e inteligencia artificial y herramientas específicas para mantenimiento y operación.
También reconoce riesgos climáticos sobre infraestructura crítica, entre ellos incendios, aluviones, temperaturas extremas y remociones en masa, capaces de afectar continuidad y costos.
Estos antecedentes aportan otra pregunta al proceso de inversión: ¿la organización compradora posee las capacidades técnicas y operacionales necesarias para administrar el activo durante toda su vida útil?
La evaluación socioambiental se conecta aquí con ingeniería y operación. Una condición territorial o climática puede terminar convirtiéndose en una necesidad concreta de inversión, mantenimiento o monitoreo.
La experiencia de Paola Basaure ayuda a ampliar la definición tradicional de infraestructura. Una línea, una subestación, una tubería o un sistema de almacenamiento tienen características técnicas medibles. Su funcionamiento real también depende de permisos, territorio, comunidades, condiciones ambientales, compromisos y capacidades para gestionarlos.
Para una empresa que evalúa comprometer capital durante varias décadas, la diligencia socioambiental permite responder una pregunta esencial antes de firmar: qué se está adquiriendo realmente, más allá del activo físico.
Ese conocimiento temprano amplía la capacidad de valorar riesgos, calcular compromisos y decidir si la organización está preparada para hacerse cargo de la infraestructura y del territorio con el que convivirá.
