La permisología ha emergido como la principal razón alegada para el estancamiento de numerosos proyectos en Chile, y los datos respaldan esta preocupación. Entre 2014 y 2024, los plazos para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se elevaron drásticamente de 547 días a 995, mientras que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) igualmente aumentaron de 248 días a 380. Esta prolongación en los procesos no solo genera frustración entre los inversionistas, sino que también puede desincentivar el desarrollo sostenible y la innovación, necesarios para el crecimiento del país. Sin embargo, atribuir la culpa exclusivamente a la permisología es simplista e incluso erróneo, ya que implica que la duración del proceso es la única enfermedad a tratar.
La evaluación ambiental cumple con una función económica crucial: identificar y mitigar los costos que un proyecto podría imponer a terceros, costos que a menudo no son reflejados en las cuentas del proyecto. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene la responsabilidad de detectar estos impactos, asignar responsabilidades, cuantificarlos y asegurar que se prevengan, mitiguen o compensen adecuadamente. Este enfoque no debe ser interpretado como un obstáculo, sino como una buena regulación que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.
El verdadero problema radica en que, en lugar de centrarse en la evaluación de impactos, algunos expedientes terminan convirtiéndose en listas de requisitos adicionales que poco tienen que ver con el proyecto en cuestión. Antes de otorgar una autorización, diversas instituciones y actores pueden añadir exigencias que no están claramente relacionadas con el impacto ambiental. Este fenómeno no es exclusivo del sector minero; puede manifestarse en cualquier área donde la obtención de permisos se asocie con un poder significativo de negociación. Los datos de la Comisión Nacional de Evaluación de Proyectos (CNEP) revelan que, en un estudio de 3.728 resoluciones ambientales, se detectaron más de 481 mil obligaciones, lo que representa un aumento notable en la complejidad de los procesos.
El examen cuidadoso de cada obligación es esencial para evitar la duplicidad y asegurar que cada exigencia esté claramente justificada. La reforma del SEIA no debería medirse únicamente en términos de reducción de tiempo, sino que cada requerimiento debe ser evaluado bajo un test riguroso. Esto implicaría preguntarse sobre su relación con impactos atribuibles, su proporcionalidad y su verificación efectiva. Esta evaluación debe ser igualmente rigurosa para todos los organismos públicos involucrados. La participación ciudadana y la consulta indígena, lejos de ser vistas como obstáculos, deben ser consideradas herramientas valiosas que pueden enriquecer el proceso y aumentar su legitimidad.
La solución a la crisis de permisología no reside simplemente en acelerar los procesos a través de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Aunque es posible mejorar la eficiencia, sin un cambio en las reglas del juego, se corre el riesgo de crear un ciclo de trámites aún más largo y complicado. Chile necesita decisiones ambientales que sean rápidas, pero también informadas y efectivas. El tiempo extendido de aprobación es solo un síntoma; el verdadero desafío radica en el alcance y los incentivos que moldean los procedimientos actuales. Solo redefiniendo estos elementos estructurales se podrá lograr un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad.
