En una visita reciente a la Región del Biobío, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció el cierre del programa Arriendo a Precio Justo, implementado en 2022 durante el mandato del ex Presidente Gabriel Boric. Esta medida se toma en medio de las críticas hacia el plan, que se consideró ineficiente, ya que, según afirmó Poduje, «no avanza más porque no era justo» y el modelo anterior, que permitía a familias vulnerables acceder a viviendas por arrendamiento, no proporcionaba una solución adecuada a las necesidades habitacionales del país. Las declaraciones del ministro se produjeron en un contexto de creciente preocupación por el déficit habitacional en Chile, donde múltiples familias aún luchan por encontrar un hogar digno y asequible.
El cierre del programa implicará la reorientación de aproximadamente 250 viviendas fiscales que estaban destinadas al arriendo. Estas unidades se ofrecerán en propiedad a grupos sociales considerados en situación de alta vulnerabilidad. El ministro Poduje especificó que las beneficiarias de esta nueva estrategia incluirán a madres jefas de hogar que han sufrido violencia intrafamiliar, a familias con niños que presentan discapacidades severas y a adultos mayores o personas con discapacidad. Este enfoque busca fortalecer la dignidad y estabilidad familiar a través de la propiedad, en lugar de mantener a las familias en un sistema de arrendamiento precario.
La decisión de redestinar estas viviendas ha sido justificada por el ministerio bajo el argumento de que el Estado debe generar soluciones habitacionales que promuevan la propiedad y eliminen las barreras que enfrentan las familias en situación de vulnerabilidad. «El objetivo es que las personas sean propietarias y no arrendatarias», enfatizó Poduje al delinear la visión de su administración para enfrentar los desafíos de la vivienda en Chile. Este enfoque sugiere un cambio significativo en la política habitacional del país, priorizando la seguridad y la estabilidad familiar por encima del mero arrendamiento.
En el mismo anuncio, Poduje presentó el nuevo subsidio DS-27, una iniciativa dirigida a mejorar las condiciones de viviendas y barrios en todo el país. Con una inversión de 400 millones de dólares, el subsidio permitirá realizar diversas obras de mejoramiento, desde la rehabilitación de techumbres hasta la mejora de sistemas sanitarios. Este programa no solo busca elevar la calidad de vida de las familias, sino también crear un impacto económico significativo, proyectándose la generación de cerca de 20 mil empleos en el sector de la construcción y mejoramiento habitacional.
El ministro concluyó su visita reiterando el compromiso del gobierno con la mejora de la calidad de vida de las familias chilenas. A través del subsidio DS-27 y el nuevo enfoque en la entrega de viviendas en propiedad, la administración de Poduje pretende abordar de manera efectiva las demandas habitacionales, al tiempo que se generan oportunidades laborales ante los retos económicos actuales del país. El futuro de la vivienda social en Chile está redefiniéndose, y este esfuerzo busca resultados tangibles que beneficien a los sectores más vulnerables.
