Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), ha expresado su preocupación respecto a los recursos destinados al presupuesto de 2027 para la construcción de viviendas sociales. La proyección indica que solo se podrán financiar 14.500 de las 25.000 soluciones habitacionales del programa DS49 previsto, lo que pone en evidencia una brecha significativa entre el costo real de las viviendas y los montos asignados. Marambio subraya que esta situación se agrava con la eliminación del Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), lo que amenaza no solo la viabilidad de nuevos proyectos, sino que también limita la capacidad del sector para responder a la creciente demanda habitacional del país.
El desafío es considerable, dado que la meta de 400.000 soluciones habitacionales comprometidas por el actual gobierno es fundamental para abordar el déficit y la fragilidad habitacional que enfrenta el país. Sin embargo, cumplir esta meta implica la entrega continua de subsidios y el financiamiento adecuado, especialmente en los primeros años del gobierno. La estimación indica que, a pesar de la ambición de estas cifras, el eventual número de soluciones que se podrían hacer realidad es mucho más bajo, alcanzando solo hasta 14.500, lo que marca un fracaso en la capacidad de respuesta del sistema ante una crisis habitacional que demanda atención urgente.
Los recortes al Subsidio de Arriendo y al programa de Asentamientos Precarios son otras decisiones presupuestarias que pueden afectar severamente a las familias más vulnerables. El subsidio de arriendo es crucial para ayudar a familias y adultos mayores a costear sus viviendas. Marambio advirtió que la disminución de recursos podría resultar contraproducente, ya que la situación de los campamentos y las familias afectadas requiere, por el contrario, un aumento en la inversión. La incertidumbre y las decisiones del gobierno en torno al presupuesto generan ansiedad en los beneficiarios, quienes esperan soluciones efectivas y rápidas a su problemática habitacional.
La eliminación del CEEC representa un golpe adicional para el sector, ya que podría hacer inviables múltiples proyectos de vivienda social. Con el aumento del costo de construcción, se prevé que muchos de los 40.000 proyectos actuales con subsidios no logren iniciar para 2027. Esta situación plantea la necesidad de soluciones urgentes por parte del Ejecutivo, como la rápida implementación de leyes que reduzcan los costos asociados a la vivienda social o la posibilidad de reestructurar los recursos existentes para compensar el impacto de la eliminación del CEEC. La falta de sorpresa ante la crisis habitacional requiere un enfoque inmediato y coordinado para evitar una mayor crisis en el sector.
El impacto en las familias ya vinculadas a proyectos de vivienda, que han hecho el esfuerzo de obtener terrenos y trabajar con contratistas, es igualmente preocupante. La ADVS cree que es fundamental facilitar la agilización de las tramitaciones administrativas y garantizar la disponibilidad de recursos para que estos proyectos puedan avanzar. Existe la esperanza de que, mediante negociaciones y ajustes en el presupuesto, se logren mantener los compromisos adquiridos. Marambio propone que se prorrogue la transitoriedad del CEEC o que se implemente un sistema alternativo para facilitar la construcción. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será posible cumplir la ambiciosa meta de 400.000 soluciones habitacionales con el presupuesto actual y en los plazos establecidos?
