En Chile, la minería ha sido históricamente un motor de desarrollo económico que ha transformado comunidades enteras. Sin embargo, a medida que algunas de estas operaciones comienzan a cerrar, surge una preocupación que rara vez se aborda: el bienestar de las personas y comunidades que han dependido de esta actividad. María Paz Correa, Consultora en Estrategia Social, Comunidades y Territorios de WSP, enfatiza que la conversación sobre el cierre de operaciones mineras no debería limitarse a la infraestructura y al medio ambiente, sino también a la vital cuestión social que afecta a miles de familias en regiones mineras.
Durante décadas, la minería ha sido un pilar fundamental para el crecimiento y la inversión social en diversas localidades del país. Cada operación minera no solo crea empleo directo, sino que también fomenta el surgimiento de proveedores locales y el desarrollo de emprendimientos. Esta dinámica genera un ecosistema que apoya iniciativas comunitarias y diversas oportunidades para los habitantes del territorio. No obstante, el cierre de una operación puede poner en riesgo todo este progreso, y es crucial que las comunidades estén preparadas para enfrentar estos cambios.
La clave para mitigar los impactos del cierre de una mina radica en la planificación anticipada. Correa advierte que la resiliencia de un territorio no se construye de manera efectiva cuando los problemas ya están presentes, sino que debe comenzar mucho antes. Las comunidades deben fortalecer sus capacidades y crear alternativas económicas diversificadas, involucrando a diversos actores tanto públicos como privados en la discusión. Esta proactividad es esencial para asegurar un porvenir viable una vez que la actividad minera haya cesado.
Los estándares internacionales recientes, como los propuestos por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable (IRMA), subrayan la urgencia de adoptar una perspectiva de cierre integral que considere todos los aspectos del impacto social y económico en las comunidades afectadas. Este enfoque, denominado transición social, promueve un proceso gradual que se centra en la preparación del territorio y sus habitantes para el fin de la minería, apuntando hacia el fortalecimiento de capacidades locales y la creación de nuevas oportunidades.
A medida que la minería sigue siendo un pilar del desarrollo en Chile, Correa concluye que es fundamental repensar cómo se maneja el cierre de las operaciones. El verdadero desafío radica en garantizar que las comunidades tengan un futuro sostenible más allá de la minería. Esto requiere un esfuerzo conjunto donde la visión se extienda más allá de la duración de un proyecto específico, promoviendo una estrategia colectiva que asegure que el patrimonio construido no se pierda con el cierre de una mina, sino que se transforme en un camino hacia nuevas posibilidades de desarrollo.
