El avance de la «megarreforma» del Gobierno ha tomado un nuevo impulso en el Congreso esta semana, al recibir el apoyo de senadores del Partido Por la Democracia (PPD). Este respaldo resulta crucial para evitar una tramitación engorrosa y con el tiempo contado, los funcionarios de la administración esperan que el proyecto sea despachado por el Congreso en la próxima semana. La posibilidad de que la reforma se apruebe de manera expedita genera expectativas sobre un cambio significativo en la política económica y social del país.
Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta reforma no está exento de obstáculos. Guillermo Bustamante, reconocido académico y analista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, advierte que así que el proyecto logre su aprobación legislativa, la verdadera batalla se trasladará al Tribunal Constitucional. La oposición ha manifestado su preocupación sobre varios artículos que, a su juicio, presentan vicios de inconstitucionalidad, especialmente en lo que respecta a la invariabilidad tributaria y ciertas normas medioambientales.
Bustamante explica que, a pesar de que el Gobierno ha conseguido una mezcla de apoyos que incluyen a algunos senadores de la oposición, esto no garantiza que el proyecto esté a salvo de ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. ‘Ya hay indicios claros de que esto sucederá, particularmente con la polémica cláusula de invariabilidad tributaria’, afirma el analista. El foco de fricción en la discusión legislativa gira en torno a dos aspectos claves que merecen atención: la rebaja del impuesto corporativo y la mencionada invariabilidad tributaria.
La controversia generada por la rebaja del impuesto corporativo se debe a la percepción de que puede acarrear elevadas compensaciones económicas, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal del país. Por su parte, la invariabilidad tributaria ha demostrado ser la más débil en términos de apoyo, siendo altamente probable que termine en manos del Tribunal Constitucional. La polarización de opiniones sobre estos temas es un reflejo de las interrogantes profundas que aún permean el futuro de la reforma.
Si se cumplen los plazos establecidos por el calendario legislativo, la votación en la Sala del Senado tendrá lugar los días 21 y 22 de julio. Tras esta etapa, el proyecto deberá ser debatido y votado en la Cámara de Diputados antes de poder ser promulgado como ley. Bajo este escenario, una estimación prudente sugiere que la promulgación podría darse a finales de julio, a menos que surjan imprevistos como la formación de una comisión mixta o nuevas indicaciones que retrasen el proceso legislativo.
