El tercer Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ha puesto de relieve una preocupante realidad en la Región del Biobío: el 77% de los proyectos sufrieron retrasos durante el año 2025. Este dato alarmante ilustra no solo la ineficiencia de la burocracia estatal, sino también el impacto negativo que genera en la inversión regional, que a pesar de contabilizarse en US$1.755 millones, se ve amenazada por los largos períodos de tramitación que obstaculizan la aprobación de nuevas iniciativas. En un contexto donde la burocracia ralentiza el desarrollo económico, el informe reconoce la necesidad urgente de reformar y agilizar estos procesos para evitar que la desocupación en la región siga creciendo.
La situación se agrava aún más si se considera que 8 de cada 10 proyectos enfrentaron retrasos, acumulando pérdidas que, según estimaciones, alcanzan los US$170 millones en 2025. Este costo no solo afecta a los proyectos en sí, sino que también representa un freno considerable para el crecimiento económico del Biobío, que refleja un 5.7% del impacto económico total del país. El tiempo promedio para la obtención de permisos ambientales ha alcanzado cifras récord, superando los 16 meses en promedio, un 38% más que el promedio nacional. El sector energético es el más golpeado, mostrando una media de 571 días de tramitación, lo que resalta la necesidad de transformar el sistema actual para hacer frente a estos desafíos.
A pesar de las dificultades burocráticas, el informe presenta una luz de esperanza: la inversión total aprobada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se elevó a US$1.766 millones en 2025, destacando la significativa inversión en el Parque Eólico Junquillos por US$570 millones, que representa el 32% de la inversión aprobada. Alejandro Weber, quien presentó el informe, señaló que, aunque se perdieron $170 millones por retrasos, la cifra total de inversiones aprobadas supera con creces a años anteriores. Este panorama sugiere que, si se logra destrabar los proyectos que están en espera, podría existir un despegue en la economía que, además, contribuiría a reducir la tasa de desempleo en la región, que actualmente se sitúa en un 9.8%.
El impacto en el empleo es evidente, ya que la reactivación de los proyectos parados podría generar alrededor de 1.067 puestos de trabajo en fase de construcción y otros 187 en operación, lo que permitiría disminuir la tasa de desempleo en la región en 0.1 puntos porcentuales. La urgencia por reactivar el sector productivo, especialmente en áreas estratégicas como la forestal, fue claramente expresada por líderes locales. Jorge Casagrande, presidente de Corma Biobío y Ñuble, destacó la importancia de fomentar encuentros entre distintos sectores para diseñar soluciones efectivas que faciliten el crecimiento regional y la creación de empleo de calidad.
En el cierre del seminario donde se presentó el informe, se coincidió en la importancia de agilizar los permisos sectoriales y cultivar un desarrollo inclusivo desde las provincias. Bernardita Roa, Gerenta General de Irade, reiteró que el informe debe ser visto como una herramienta fundamental para el crecimiento y creación de oportunidades en el Biobío. Al mismo tiempo, el seremi de Obras Públicas, José Piña, enfatizó la necesidad de mantener un diálogo fluido entre el sector público y privado, lo que ayudará a una toma de decisiones más adecuada y a la generación de políticas públicas más efectivas. Así, el análisis de la permisología regional no solo ofrece un diagnóstico crítico, sino que abre una hoja de ruta clave para la reactivación económica y el bienestar laboral de los habitantes del Biobío.
