En un reciente fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó la decisión del Juzgado de Policía Local de Graneros, ordenando a BancoEstado la restitución de más de dos millones de pesos a una clienta víctima de fraudes en su cuenta corriente. La corte determinó que la afectada no tuvo culpa en la sustracción de $2.302.237, que fueron retirados de su cuenta tras una serie de operaciones fraudulentas que involucraron pagos por juegos y apuestas dentro de la plataforma Google Play Store entre marzo y junio de 2022. Este fallo establece un precedente en la responsabilidad que tienen las entidades financieras en la protección de sus usuarios.
El tribunal enfatizó que las transacciones fraudulentas no reflejaban el historial habitual de la clienta, lo que debió haber levantado alertas en el sistema del banco. Además, se destacó que BancoEstado no demostró haber enviado notificaciones sobre estas compras ni haber activado alertas previas al reclamo de la usuaria. Esta falta de comunicación resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad de los bancos en la gestión de la seguridad de las cuentas de sus clientes.
En el proceso, se presentó un informe técnico del propio banco que mencionaba diversas medidas de seguridad destinadas a prevenir fraudes, como alertas de monitoreo y límites de transferencia. Sin embargo, la corte evidenció que los protocolos establecidos no fueron aplicada de manera adecuada, citando antecedentes que indican que estas medidas no solo no se cumplieron, sino que también fueron vulneradas. Este hallazgo coloca en tela de juicio la efectividad de las políticas de seguridad de BancoEstado.
El tribunal fue claro en señalar que la responsabilidad del fraude no recae únicamente en la afectada por la supuesta negligencia en la gestión de sus claves o contraseñas, sino que también se debe considerar el papel del banco en la ocurrencia de este delito. «No es posible enfocar el infortunio del cliente en el pretendido manejo descuidado de sus claves o contraseñas, pues de lo obrado resulta patente que el banco también contribuyó al daño provocado por el fraude», menciona la sentencia, indicando que las instituciones financieras deben ser proactivas en la protección de sus cuentas.
Finalmente, la Corte de Apelaciones ordenó la restitución del saldo retenido, debidamente reajustado y con la tasa de interés máxima convencional desde el momento en que la clienta notificó el fraude. Este fallo resalta no solo la importancia de establecer medidas robustas de seguridad en el sector bancario, sino también la necesidad de que las entidades sean responsables de los daños infligidos a sus clientes en caso de fallas en sus sistemas de protección. Sin embargo, se advierte que estando en trámite, todas las partes involucradas podrían hacer uso de los recursos procesales disponibles, lo que podría llevar a revisar lo resuelto por la Corte.
