La consultora Colliers ha lanzado una alerta sobre las graves consecuencias del sobreendeudamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Chile, señalando que la situación podría culminar en la paralización de proyectos de vivienda, quiebras de empresas constructoras y un estancamiento en nuevos desarrollos habitacionales durante la próxima administración. Desde 2022, el MINVU ha elevado significativamente el volumen de subsidios otorgados sin un respaldo financiero correspondiente, lo que ha llevado a una situación alarmante. A pesar de que el Ministro Montes ha reconocido una deuda vencida de 130 millones de dólares, aún persiste la incertidumbre sobre el monto total de los compromisos financieros del ministerio, crucial para la planificación futura del sector.
El impacto inmediato ya es manifiesto, con empresas constructoras enfrentando retrasos en el pago de subsidios que superan los 60 días y reportando deudas que acumuladas sobrepasan los 300 mil millones de pesos. Este escenario ha obligado a muchas de estas empresas a recurrir a adelantos de facturas que implican costos financieros adicionales, lo que erosiona sus márgenes de ganancia y pone en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, advirtió que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector están en una situación crítica, carentes de los recursos financieros necesarios para sostener estos retrasos prolongados, lo que podría llevar a una paralización general de proyectos en el futuro.
Sergio Correa también ha enfatizado que la falta de transparencia en la gestión del MINVU ha sido un factor determinante en esta crisis. La gestión se ha concentrado en la ejecución política a expensas del control presupuestario, retirando la claridad sobre cuántos subsidios están pendientes de pago y cómo se distribuyen en el tiempo. Esta opacidad no solo obstaculiza la labor del Congreso para evaluar el presupuesto, sino que también limita la capacidad del sector privado para planificar su participación en nuevos proyectos, creando así un clima de incertidumbre estructural que socava la credibilidad del Estado en temas de vivienda.
Colliers ha subrayado que el principal error del MINVU ha sido comprometer más subsidios de los que realmente puede respaldar, creando una desconexión entre las expectativas de la ciudadanía y la capacidad administrativa del Estado. A pesar de que el volumen de subsidios ha aumentado, especialmente en el programa DS49, no se ha proporcionado un financiamiento adecuado. Además, se ha recurrido a mecanismos de pago anticipado que han trasladado la carga del endeudamiento hacia las constructoras, encareciendo los proyectos y comprometiendo la sostenibilidad del sistema habitacional. Asimismo, la mal distribuida priorización territorial ha exacerbado el problema, concentrando recursos en la Región Metropolitana en desmedro de localidades con alta demanda de vivienda.
Finalmente, el impacto de la crisis financiera del MINVU podría extenderse más allá del ámbito contable, afectando directamente a las familias que necesitan soluciones habitacionales. El déficit habitacional en Chile, que supera las 700 mil viviendas, se traduce en un problema estructural que demanda respuestas decididas. Correa advierte que de continuar destinando la mayor parte del presupuesto a saldar compromisos anteriores, no habrá recursos disponibles para abordar nuevas necesidades habitacionales, dejando a miles de familias en una espera angustiosa por una vivienda digna. Sin un cambio radical en el enfoque y la gestión de las políticas de vivienda, es probable que el déficit no solo se mantenga, sino que incluso se agrave en el futuro.
