Desde abril de 2026, Chile implementará una importante reforma laboral que reducirá la jornada laboral a 42 horas semanales, un paso hacia el objetivo final de 40 horas. Aunque la medida es considerada un avance significativo en los derechos laborales, existe preocupación entre los trabajadores a honorarios, quienes podrían quedar excluidos de esta normativa. Según expertos, la situación es preocupante, ya que muchos de estos trabajadores cumplen funciones similares a las de empleados formales, lo que plantea interrogantes sobre su clasificación y los derechos que les asisten.
De acuerdo con el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025, un total de 32.457 personas en el Gobierno Central trabajan a honorarios, representando un 6,1% del personal total. Esta cifra, aunque parece baja, se traduce en miles de trabajadores con roles permanentes que operan bajo jefatura directa. Las condiciones laborales de estos trabajadores a honorarios podrían sugerir una relación laboral encubierta, subrayan varios expertos, lo que añade una capa de complejidad a la nueva normativa.
Camila Cárdenas, directora del área de Litigación de SoyHonorario, advirtió que la percepción de que los trabajadores a honorarios carecen de derechos laborales es incorrecta. Si estos colaboradores tienen horarios establecidos, supervisores y responsabilidades permanentes, podrían argumentar legalmente el reconocimiento de su relación laboral y exigir derechos como vacaciones, cotizaciones y compensaciones. Esto significa que la reducción de la jornada laboral no solo será un cambio en la disposición legal, sino una oportunidad para que muchos trabajadores revisen la legalidad de su situación laboral.
La implementación de la reducción de jornada también podría incitar un incremento en las fiscalizaciones y denuncias relacionadas con la clasificación de los trabajadores a honorarios. Donovan Riveros, abogado en BDO Chile, sostiene que aunque la Ley de 40 Horas no abarque de forma directa a estos trabajadores, la reducción podría llevar a que muchos busquen legitimación de su situación laboral. Las empresas se enfrentan a un riesgo significativo si no evalúan correctamente el estatus de sus trabajadores a honorarios, ya que podrían enfrentar multas y juicios laborales.
Por su parte, desde Talana, aseguran que la reducción de jornada no altera los criterios que definen una relación laboral. La subordinación y dependencia son fundamentales, así como indicadores como el control horario y el cumplimiento de órdenes directas. Ignorar estas condiciones podría resultar en costos elevados para las empresas, incluidas multas por pagos retroactivos y indemnizaciones. La gradual implementación de la jornada de 40 horas hasta 2028 propone un cambio positivo, pero también exige que tanto trabajadores como empleadores revisen en profundidad sus contratos y condiciones laborales en este nuevo contexto.
