El proyecto minero Dominga, propiedad de Andes Iron y valorado en 2.500 millones de dólares, atraviesa una nueva crisis legal tras la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que revocó un fallo anterior que había favorecido la re-evaluación del proyecto. Este polémico desarrollo se ha visto estancado debido a preocupaciones sobre su impacto en la biodiversidad local y la falta de un plan de mitigación ante eventuales derrames. La corte no entró a analizar la viabilidad técnica del proyecto, sino que se centró en la validez del proceso de votación anterior del Comité de Ministros, lo que ha dejado a Andes Iron nuevamente en un limbo regulatorio.
El tribunal señaló que la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que había ordenado una nueva votación, carecía de fundamento sólido y no creaba un derecho exigible en relación a la controversia principal. Desde el 2013, cuando fue presentado por primera vez, el proyecto ha sido objeto de múltiples rechazos. La última de estas negativas ocurrió en enero del año pasado, siendo la tercera en un largo historial de oposición. La situación se torna aún más compleja, dado que la Corte Suprema había instruido previamente un nuevo proceso de votación, lo cual no se ha llevado a cabo, dejando a la opinión pública y a los inversores en incertidumbre.
Dominga incluye la explotación de dos minas a cielo abierto, adyacentes a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y un puerto destinado a gestionar la producción de concentrados de hierro y cobre. Andes Iron sostiene que el proyecto traerá consigo la generación de 30.000 nuevos empleos y que operarían bajo estrictas regulaciones ambientales. Sin embargo, ambientalistas y el actual gobierno del presidente Gabriel Boric argumentan que la proximidad del proyecto a áreas ecológicamente sensibles podría resultar en un daño irreparable a la biodiversidad. Este dilema ha transformado a Dominga en un emblemático punto de fricción en el discurso sobre el desarrollo sostenible en Chile.
La empresa Andes Iron ha manifestado su descontento con la reciente decisión del tribunal, enfatizando que se trata de una cuestión procedural que no aborda los méritos técnicos o ambientales del proyecto. A pesar de las adversidades, la compañía asegura que continuarán trabajando para avanzar con el proyecto, subrayando su conformidad con las normativas existentes tras extensas revisiones. Este optimismo se enfrenta a la dura realidad de que el camino hacia la aprobación sigue siendo complejo y cargado de desafíos tanto legales como sociales.
La prolongada batalla legal en torno a Dominga ilustra las complicaciones del sistema de permisos en Chile, un país que figura entre las principales jurisdicciones mineras del mundo. Según estimaciones de la industria, el país enfrenta un atraso de inversiones mineras de hasta 105.000 millones de dólares, mientras que empresarios y políticos invocan la necesidad de reformas en las regulaciones de evaluación ambiental. Esta situación pone de relieve la tensión existente entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, un dilema que seguirá godigiendo el debate público mientras se navega por estas aguas inciertas.
