La administración de Donald Trump ha propuesto la imposición de un arancel adicional del 12,5% a todos los productos que importen desde Chile, un movimiento que ha generado preocupación en el sector comercial del país sudamericano. Esta decisión fue anunciada tras la conclusión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que determinó que Chile no ha impuesto ni hecho cumplir eficazmente una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. La propuesta forma parte de una investigación más amplia que afecta a 60 economías y que se inició en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta que permite a Washington responder a prácticas comerciales consideradas injustas o perjudiciales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ha manifestado que el país mantiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que, aunque la propuesta del arancel es preocupante, se entiende como una recomendación que no es vinculante. En este sentido, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, ha insistido en que Chile se encuentra en conversaciones con sus contrapartes estadounidenses para resolver el tema. Se espera que las relaciones comerciales robustas entre ambas naciones faciliten un diálogo constructivo y eviten la implementación de estas medidas arancelarias.
El informe de la USTR identifica a Chile como uno de los 54 países que no han logrado instaurar una prohibición efectiva sobre la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esta situación no solo obstaculiza el comercio estadounidense, sino que también crea una competencia desleal en el mercado, ya que las empresas que emplean trabajo forzoso pueden ofrecer precios más bajos, distorsionando así las condiciones de mercado. Este tipo de prácticas ha generado un cuestionamiento sobre la responsabilidad de los países en la regulación de sus cadenas de suministro y su implicación en el comercio internacional.
La propuesta de arancel incluye dos niveles: un gravamen del 10% para aquellas economías que han establecido o se han comprometido a implementar la prohibición sobre importaciones con trabajo forzoso, y un 12,5% para aquellos que no cumplen con estas condiciones. Chile figura en la lista de países que se enfrentarían al porcentaje más alto, junto a potencias como Brasil, China, India y Turquía, lo que podría afectar significativamente la competitividad de sus exportaciones a los Estados Unidos. Esta discriminación en la aplicación de aranceles se basa en la evaluación realizada por la USTR sobre el cumplimiento de normativas laborales y comerciales.
El proceso de consulta pública sobre esta propuesta de arancel está actualmente en marcha, con un plazo establecido hasta el 22 de junio para que empresas y organizaciones interesadas presenten sus comentarios y testimonios ante la USTR. Este periodo de consulta busca recopilar información que podría influir en la decisión final sobre la aplicación de los aranceles propuestos. A medida que se acerca la fecha límite, tanto el gobierno chileno como el sector privado deben articular estrategias para mitigar posibles impactos negativos en el comercio bilateral.
