El reciente proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, introducido por el Ministerio de Energía en el Congreso, ha generado un intenso debate en torno a la deuda acumulada por los hogares con las empresas distribuidoras de energía. Según el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, este mecanismo transforma la deuda existente en un crédito a largo plazo que impactará las boletas de electricidad de los consumidores durante casi una década. El objetivo es eludirse un aumento inmediato de tarifas, pero Escobar advierte que esta solución no elimina la deuda; simplemente la aplaza, haciendo que los hogares paguen su costo, pero en cuotas y con intereses, lo que podría resultar en un desembolso mayor a largo plazo.
Escobar también pone en duda la viabilidad de las proyecciones del gobierno, que espera que las cuentas de electricidad disminuyan a partir de 2028. La propuesta original había estipulado una reducción del cargo relacionado con el Mecanismo de Protección al Cliente, que disminuye de $22 a $9 por kWh. Sin embargo, con este nuevo proyecto, se introduciría un recargo de $5 por kWh, lo que aumentaría el cargo total a $14. Este cambio se justifica como una necesidad para afrontar los pagos a las distribuidoras, lo que refleja la incapacidad del Estado para resolver problemas tarifarios en el tiempo adecuado.
El analista destaca que el país se encuentra en un ciclo repetitivo, evidenciado por la recurrencia en la utilización de mecanismos similares ante problemas de financiamiento en el sector energético. Esta tendencia a posponer las soluciones efectivas sugiere que el sistema de fijación tarifaria está sufriendo de «fallas crónicas», que no están siendo abordadas desde su raíz. Según Escobar, estas decisiones llevan a que los consumidores asuman los costos de las ineficiencias del Estado, lo cual es insostenible a largo plazo y socava la confianza en la gestión pública de la energía.
Además, la opción de financiar este pago por adelantado a través de una entidad externa presenta riesgos adicionales. Escobar señala que las condiciones del crédito, como intereses y comisiones, aún no están claras en cuanto a su impacto sobre las cuentas de los clientes regulados. También critica la ineficacia del subsidio eléctrico que solo beneficia al 40% más vulnerable de la población y que, al finalizar en 2027, coincide con el inicio de los nuevos recargos tarifarios. De esta forma, el alivio que podría ofrecer el subsidio quedaría eclipsado justo cuando comienza a cobrarse la deuda acumulada.
Por último, el académico sugiere que es crucial incluir a asociaciones de consumidores en el proceso de fijación de tarifas para garantizar que sus intereses sean representados adecuadamente. En conclusión, Escobar resalta que los instantes de aparente alivio financiero no deben hacernos olvidar que los problemas estructurales del sistema tarifario siguen sin resolverse y que, al final, los consumidores seguirán enfrentando pagos que perduran por años, reafirmando que en economía, «nada es gratis».
