El informe «Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035», elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), revela un panorama alarmante sobre el sistema penitenciario chileno, que enfrenta serios problemas de hacinamiento y una infraestructura obsoleta. Con una tasa de ocupación actual de 146%, que equivale a cerca de 62 mil internos en instalaciones diseñadas para 42.500, el informe advierte que, si no se implementan inversiones necesarias, para 2035 la sobreocupación podría alcanzar el 210%. Este escenario no solo compromete la seguridad dentro de las cárceles, sino que también impacta negativamente en la seguridad pública en general.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el estado de la infraestructura penitenciaria, con un promedio de antigüedad de 58 años y condiciones de habitabilidad por debajo de los estándares internacionales. Actualmente, los reclusos disponen de solo 22,3 metros cuadrados cada uno, una cifra que se pretende incrementar a 37 metros cuadrados en la próxima década. Esta insuficiencia no solo afecta el bienestar de los internos, sino que también se ha relacionado con altas tasas de reincidencia delictual, sugiriendo que mejores condiciones de detención podrían reducir la reincidencia en un 36%.
Para abordar esta crisis estructural, el informe propone una ambiciosa inversión de 6.568 millones de dólares, destinada a la creación de 47 mil nuevas plazas penitenciarias y la renovación de otras 15 mil que han alcanzado un estado de deterioro inaceptable. Este plan incluye una serie de proyectos de ampliación y construcción de nuevos recintos en diversas regiones del país, con el objetivo de reducir la tasa de hacinamiento a niveles más sostenibles y dignos,
Dentro de los proyectos destacados, se encuentra la construcción de 4.000 nuevas plazas en la región de Valparaíso, con una inversión estimada de 637 millones de dólares, y otra iniciativa similar en la Región Metropolitana. Además, en el norte del país se planifican los proyectos Calama 1 y 2, que aportarán 3.700 nuevas plazas. Otras iniciativas están previstas en Rancagua, Talca, Ñuble, La Araucanía y la macrozona sur, que contribuirán de manera significativa a mejorar la infraestructura del sistema penitenciario.
La implementación de estas propuestas es fundamental para transformar el sistema penal chileno, que actualmente arrastra un déficit crítico en infraestructura y habitabilidad. Según el informe de la CChC, invertir en una infraestructura penitenciaria moderna y adecuada no solo mejorará las condiciones de vida de los internos, sino que también brindará mayores oportunidades de reinserción social, lo que podría tener un impacto directo en la reducción de la criminalidad y, por ende, en la seguridad de la ciudadanía.
