El informe “Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ha revelado preocupantes brechas en términos de espacios públicos, estado de las veredas y la infraestructura penitenciaria en Chile. Este análisis exhaustivo destaca que las ciudades chilenas no solo enfrentan un significativo rezago en infraestructura básica urbana, sino que este déficit también repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en sus percepciones de seguridad. En un contexto donde la urbanización se acelera, el informe plantea inversiones superiores a los US$25 mil millones, lo que podría representar un paso crucial para abordar estas problemáticas durante la próxima década.
La falta de áreas verdes es uno de los aspectos críticos abordados por el IDS. Actualmente, las 21 principales ciudades de Chile cuentan con un promedio de solo 3,9 metros cuadrados de espacios públicos por habitante, muy por debajo de la meta planteada para 2035, que es de al menos 6 metros cuadrados por persona. Para cerrar esta brecha significativa, se estima que se requerirán inversiones de alrededor de US$15.172 millones en infraestructura de espacios públicos. Mientras que algunos lugares como Valdivia tienen un estándar positivo, con 14,82 metros cuadrados, otras ciudades, como Iquique, apenas logran 1,87 metros cuadrados, lo que evidencia la disparidad entre territorios y el urgente llamado a la acción.
El estado de las veredas es otro de los puntos críticos destacados en el informe. El IDS señala que cerca del 40% de las veredas del país se encuentran en condición crítica, lo que plantea un reto considerable hacia el 2035, donde se busca recuperar completamente esta infraestructura deteriorada. Las peores condiciones se observan en ciudades como Arica e Iquique, donde el porcentaje de veredas en mal estado es alarmante, alcanzando hasta el 85,5%. Para hacer frente a este desafío, se requiere una inversión nacional de aproximadamente US$3.915 millones, siendo el Gran Santiago la zona con mayor necesidad de intervención, lo que subraya la urgencia de un plan integral que considere la mejora de estos espacios urbanos.
La infraestructura penitenciaria también demanda atención inmediata, según el IDS. El informe pone de manifiesto la preocupante situación de hacinamiento en las cárceles del país, donde la tasa promedio de ocupación alcanza un 146%, con 62.000 personas en instalaciones diseñadas para 42.500. Este escenario, sumado a la antigüedad de la infraestructura carcelaria, que tiene un promedio de 58 años de servicio, exige una transformación radical. Con el objetivo de mejorar las condiciones, el IDS propone aumentar la capacidad penitenciaria con la creación de 47.000 nuevas plazas y mejorar las condiciones de habitabilidad a 37 metros cuadrados por interno, lo que requeriría una inversión estimada de US$6.568 millones.
Las propuestas contenidas en el informe ‘Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035’ no solo destacan la magnitud de las inversiones necesarias, sino que también subrayan la importancia de potenciar la seguridad y la calidad de vida en las ciudades chilenas. Los proyectos priorizados incluyen ampliaciones carcelarias y la construcción de nuevos recintos en diversas regiones, lo que busca no solo mejorar la infraestructura penitenciaria, sino también brindar alternativas efectivas a los problemas de hacinamiento y mal estado de la infraestructura pública. La implementación de estas propuestas podría ser un paso decisivo hacia una infraestructura más sostenible y equitativa en Chile.
