Santiago, abril de 2026.- El primer trimestre del año ha representado un verdadero desafío para la resiliencia del ecosistema empresarial chileno, donde los sectores productivos han tenido que enfrentar incrementos en los costos operativos. En particular, el mes de marzo trajo consigo reajustes y obligaciones anuales que han puesto a prueba la capacidad de las pymes para mantenerse a flote. La situación actual se ha vuelto crítica con la llegada de la Operación Renta, un proceso que muchas pequeñas y medianas empresas consideran como una de sus mayores amenazas financieras, principalmente por la falta de liquidez, que un alarmante 77 % de ellas ha señalado como su principal factor de riesgo. El plazo para declarar y pagar impuestos, que se cierne hasta el 30 de abril, se presenta como un reto que no admite demoras ni excusas.
En el marco de la Operación Renta, el Formulario 22 (F22) se convierte en el eje central a la hora de consolidar ingresos y gastos del año anterior para el cálculo del impuesto a la renta. Para aquellas empresas que deben desembolsar dinero al Fisco, el panorama es inflexible y puede desatar severas sanciones por incumplimientos. Una multa inicial del 10 % sobre el monto adeudado puede escalar hasta el 30 %, sumado a un interés penal del 1,5 % por cada mes de retraso en el pago. Esta carga financiera adicional puede resultar catastrófica para los negocios que ya están lidiando con los altos costos propios del inicio de año, lo que podría llevar a muchos de ellos a situaciones de quiebra.
El CEO de Chita, Christián Real, advierte que el no contar con la liquidez necesaria para cumplir con la Operación Renta no implica necesariamente un mal negocio, sino un descalce temporal de liquidez. Esto resalta la rigidez del Formulario 22 y el riesgo que representa para las pymes en un contexto económico cada vez más complicado por factores globales, como las repercusiones de la guerra en medio oriente. Enfrentados a esta realidad, las mipymes se ven urgidas a encontrar soluciones efectivas que les permitan salir airosas de esta situación.
En este contexto, el factoring digital se posiciona como una herramienta necesaria para que las pequeñas y medianas empresas puedan sortear el riesgo de los créditos bancarios tradicionales. Los recientes informes del Banco Central revelan que los estándares de otorgamiento de la banca convencional siguen siendo muy exigentes para estas empresas, lo que hace que el uso de servicios de factoring como los que ofrece Chita se convierta en una alternativa clave. Este modelo de negocio 100 % digital permite realizar la conversión de facturas en efectivo de manera rápida, facilitando así el cumplimiento con el F22 sin los obstáculos burocráticos del crédito tradicional.
La nueva propuesta de factoring se centra en la democratización del acceso al capital, ofreciendo a las mipymes la oportunidad de transformar sus esfuerzos comerciales en flujo de caja garantizado. En palabras de Real, «endudarse a largo plazo para pagar impuestos genera un círculo vicioso dañino para cualquier balance». Por ello, las empresas están llamadas a anticipar el pago de sus facturas, asegurando la continuidad de sus operaciones y su crecimiento. La innovación financiera ha permitido redefinir la relación con las obligaciones tributarias, evitando que pagar impuestos implique frenar la inversión o retrasar salarios, y optimizando así la estabilidad operativa de las mipymes.
