Un reciente estudio de la plataforma TOCTOC ha revelado una alarmante proyección sobre el futuro de la vivienda en Chile. Se estima que, para el año 2055, aproximadamente el 34,4% de los adultos mayores no podrán haber alcanzado la propiedad de una vivienda durante su vida laboral, lo que los llevará a depender en gran medida del arriendo. Esta tendencia resalta el creciente desafío que enfrentan muchas generaciones en su intento de acceder a un hogar propio, una situación que es especialmente aguda entre los más jóvenes, quienes a su vez están padeciendo las consecuencias de un mercado inmobiliario cada vez más inalcanzable.
Sergio Novoa, gerente general de BMI Servicios Inmobiliarios, subraya que esta tendencia creciente refleja las dificultades que se han acentuado en los últimos años. «El acceso a la vivienda propia se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para las generaciones más jóvenes», comenta. Según las proyecciones, la situación será aún más grave para la población entre 35 y 64 años, donde se espera que el 43,4% de esta franja de edad tenga que arrendar una vivienda en lugar de ser propietarios. Esto indica un cambio drástico en la forma en que los chilenos enfrentarán su bienestar habitacional en las próximas décadas.
Las cifras son preocupantes, no solo para los adultos mayores, sino también para los jóvenes. El informe señala que un impactante 55,7% de las personas menores de 34 años también se encontrarán en la misma situación de tener que arrendar, lo que pone de manifiesto un cambio generacional en el acceso a la vivienda. Novoa identifica los altos precios de las propiedades como el principal obstáculo que limita a las familias chilenas de adquirir su propia vivienda. Esta disparidad ha creado una división cada vez más amplia entre los costos de las viviendas y los ingresos de las personas, complicando aún más la realización del sueño de la propiedad.
Frente a este oscuro panorama, el ejecutivo de BMI Servicios Inmobiliarios destaca la importancia de implementar políticas públicas efectivas que refuercen la opción del arriendo como una alternativa habitacional viable y segura. «Es fundamental que el gobierno adopte medidas que ayuden a estabilizar el mercado de arriendo, lo que podría incluir adecuar el Subsidio de Arriendo (DS52) a las necesidades actuales de las familias chilenas», sugiere Novoa. Este subsidio, que actualmente ofrece un límite de 170 UF en un período máximo de 8 años, podría ampliarse o adaptarse para proporcionar un soporte más significativo a quienes necesitan ayuda para cubrir sus arriendos.
La gestión de la vivienda en Chile requiere urgentemente de un enfoque más inclusivo y accesible, especialmente ante la realidad que revelan los estudios de TOCTOC. Con un marcado incremento en la población que dependerá del arriendo, es necesario que se desarrollen políticas que busquen dar estabilidad a esta modalidad de vivienda. El futuro habitacional de millones de chilenos dependerá de cómo se adapte el sistema inmobiliario y de la voluntad política para abordar estas inquietudes, asegurando que todos tengan un techo seguro donde vivir.
