La reciente aprobación de la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales, conocida popularmente como el proyecto de «permisología», ha suscitado reacciones mixtas en el ámbito empresarial y gubernamental. Esta normativa tiene como objetivo fundamental reducir los tiempos y trámites necesarios para que los proyectos de inversión obtengan los más de 380 permisos sectoriales que exigen 37 servicios públicos de distintos ministerios. Desde el Gobierno se estima que la implementación de esta ley podría disminuir entre un 30% y un 70% los plazos actuales, lo que se traduce en un posible incremento del 0,24% del PIB anual. Sin embargo, se han escuchado fuertes críticas, especialmente desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que ha expresado su preocupación por la inclusión insuficiente de ciertos organismos clave en el proceso.
Alfredo Echavarría, presidente de la CChC, ha hecho hincapié en la importancia de esta ley, considerándola un punto de partida para abordar el problema de la permisología que ha obstaculizado la inversión en el país. Sin embargo, su satisfacción se ve empañada por la exclusión de los servicios medioambientales y del Consejo de Monumentos Nacionales, organismos que, según el gremio, generan las mayores demoras en la tramitación de proyectos. El hecho de que estas áreas no estén contempladas en la nueva normativa plantea un reto persistente para el sector, que aún enfrenta cuellos de botella en el avance de sus iniciativas económicas.
La ley incluye una serie de medidas consideradas innovadoras, tales como la creación de una ventanilla única para solicitar permisos y la implementación de un «silencio administrativo positivo», donde la falta de respuesta de la autoridad en el período establecido se entiende como una aprobación. Además, se prevé la simplificación de hasta 50 autorizaciones de bajo riesgo que se podrán gestionar a través de declaraciones juradas. Estas estrategias buscan hacer más eficientes los procedimientos y evitar burocracias innecesarias, aunque la CChC teme que la falta de cambios en la institucionalidad medioambiental continúe limitando el desarrollo de proyectos.
El respaldo a la iniciativa ha sido notablemente mayor desde los sectores de oposición al oficialismo, lo que ha generado un ambiente de tensión política. A pesar de esto, el Gobierno ha defendido la propuesta asegurando que no se trata de una desregulación de los estándares ambientales, sino de una optimización de los trámites que siguen a la evaluación ambiental. Esto es crucial para garantizar el equilibrio entre la promoción de la inversión y la preservación ambiental, a la vez que se asegura que los controles necesarios permanezcan intactos.
De cara a la implementación de la ley, tanto el Ejecutivo como el sector privado han dejado claro que el próximo desafío será ajustar y coordinar los reglamentos de las diversas instancias involucradas en el proceso de permisos. La CChC ha señalado que es fundamental revisar estos reglamentos para asegurar que la nueva normativa cumpla con los objetivos propuestos y logre efectivamente desatascar los trámites que, en la actualidad, frenan el crecimiento económico del país. En este contexto, la mirada está puesta ahora en cómo se desarrollará la colaboración entre los diferentes servicios públicos para hacer que la ley sea verdaderamente efectiva en la práctica.
