La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto fundamental para mejorar el Beneficio de Adulto Mayor (BAM), que se centra en la reducción del impuesto territorial para los ciudadanos de la tercera edad. Esta reforma es crucial para garantizar que miles de adultos mayores no sean excluidos del sistema debido al aumento del avalúo fiscal. En un contexto donde 1,144,354 adultos mayores gozan de exenciones en sus propiedades, y cerca de 190 mil reciben reducciones sustanciales en sus contribuciones, esta modificación busca apuntar a un vacío legal que ha dejado a muchos por fuera, a pesar de sus limitados ingresos.
El nuevo marco legal establece que aquellos adultos mayores que se encuentren en el tramo exento de ingresos, es decir, aquellos que no superan las 13,5 UTA, deberán pagar una contribución que representa el 5% de sus ingresos cuando su propiedad sobrepase el avalúo máximo establecido. Para aquellos cuyos ingresos se sitúan entre las 13,5 y las 30 UTA, la normativa fijará el impuesto como el menor valor entre el 50% de la contribución estimada o el mismo 5% de sus ingresos, garantizando así un enfoque más equitativo en la recaudación fiscal.
Otro aspecto destacado del proyecto es la inclusión de adultos mayores que comparten la propiedad con familiares, como hijos o parientes cercanos. Bajo las nuevas regulaciones, el calculo del impuesto se basará únicamente en el porcentaje de propiedad correspondiente al adulto mayor, permitiendo que más personas sean beneficiarias de estas medidas. Asimismo, aquellos hombres y mujeres mayores que habiten en el inmueble y tengan hijos menores de 24 años, ya sea que estudien o no trabajen, podrán acceder al beneficio completo, asegurando así una protección financiera en muchos hogares.
El Gobierno ha proyectado que alrededor de 119 mil ciudadanos podrían beneficiarse de estas mejoras, lo que, sin embargo, significará una reducción notable en la recaudación estimada, que alcanzaría los $42 mil millones. A fin de mitigar este impacto en las arcas fiscales, el proyecto contempla un aumento gradual de los aportes por parte de las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal, lo que realza la colaboración entre el gobierno local y el central para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Una vez que fue aprobada por la Comisión de Hacienda, el proyecto queda ahora en manos de la Sala de la Cámara, donde continuará su trámite legislativo. Esta iniciativa representa un avance significativo en la protección de los derechos económicos de los adultos mayores, un sector vulnerable que necesita el apoyo del Estado para garantizar su bienestar y dignidad en la vejez. La aprobación de esta reforma no solo es un paso hacia la justicia social, sino también un reconocimiento a la valiosa contribución de los adultos mayores a la sociedad.
