La reciente discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia la promoción de la protección de derechos de los consumidores en el ámbito de la salud. Un nuevo proyecto de ley, impulsado por el diputado Víctor Pino del partido Demócratas, busca extender la gratuidad en los estacionamientos de los centros de salud del país. Esta iniciativa no solo se limitaría a situaciones de emergencia, sino que abarcaría una amplia gama de visitas médicas, incluidas consultas, exámenes, procedimientos e internaciones, en un intento por aliviar la carga económica que enfrenta la población al acceder a sus servicios de salud.
El proyecto de ley introduce cambios importantes en la legislación actual, específicamente en la Ley Nº19.496 de protección de los Derechos de los Consumidores, para establecer que el estacionamiento gratuito se aplique también a gestiones administrativas relacionadas con deudas por atención sanitaria. Este enfoque inclusivo reconoce la realidad que enfrentan muchas personas al visitar centros de salud, donde no solo buscan atención médica urgente, sino también administran cuestiones financieras que afectan su bienestar.
Otra de las modificaciones destacadas en la propuesta es la redefinición del término «familiares» por «un acompañante». Este cambio tiene como objetivo ampliarla cobertura de gratuidad en estacionamientos a quienes no necesariamente están relacionados por un vínculo sanguíneo, reflejando así una comprensión más realista de las dinámicas familiares y de apoyo en momentos de crisis médica. Además, se establece una prohibición explícita de cobro para vehículos que transportan a personas con discapacidad, garantizando que estos individuos puedan acceder a la atención sin enfrentar barreras económicas.
Como parte del esfuerzo por asegurar que la ley se cumpla, el proyecto también estipula sanciones considerables para los establecimientos que no se ajusten a la normativa. Las multas, que oscilan entre 100 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (aproximadamente entre 6 y 10 millones de pesos), podrían duplicarse en caso de reincidencia, lo que enfatiza la seriedad de la legislación. Esto marca un cambio importante en la forma en que se fiscalizan las prácticas de los centros de salud, apuntando a un mayor rigor en el cumplimiento de las leyes protectoras de los consumidores.
Por último, la propuesta establece un periodo de adecuación de tres meses para que los establecimientos de salud adapten sus sistemas operativos y garanticen la implementación efectiva de la gratuidad del servicio de estacionamiento. Este plazo proporcionará a los recintos de salud la oportunidad de implementar los cambios necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos legales y asegurar que los pacientes y sus acompañantes puedan acceder a la atención médica sin preocupaciones económicas relacionadas con el aparcamiento.
