La reciente auditoría realizada por la Contraloría Regional de Tarapacá ha revelado importantes irregularidades en la entrega del Subsidio de Arriendo de Vivienda correspondiente a los años 2023 y 2024, desencadenando un enfoque crítico hacia la gestión de Serviu. El informe, identificado como Informe Final N° 391 de 2025, expone que Serviu otorgó subsidios sin seguir el orden de puntajes establecido, lo que sugiere falencias en la transparencia y equidad que deberían regir este tipo de ayudas. Esta situación ha generado inquietud en la población, especialmente en los postulantes que, tras cumplir con todos los requisitos, se vieron relegados injustamente en el proceso de asignación.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la auditoría es la falta de control en el uso de los subsidios. La Contraloría identificó un total de 69 casos donde no se llevaron a cabo visitas de supervisión, lo que pone en relevancia la ineficacia de los mecanismos de fiscalización existentes. Adicionalmente, se documentaron 59 controles realizados fuera de los plazos establecidos, evidenciando una clara falta de rigor en la gestión de estos recursos. La asignación del subsidio a personas que no correspondían a los beneficiarios constituyó otro caso alarmante, resaltando serias falencias en la administración de la política de vivienda.
El informe detalla que durante el llamado especial de arriendo de 2024, dirigido a personas mayores y en situación de discapacidad, se cometieron irregularidades al otorgar subsidios sin respetar el orden de calificación. Se excluyó a 18 postulantes que poseían puntajes más altos que los seleccionados, lo cual infringe el marco legal que regula estos procesos. Este tipo de prácticas no solo afecta a quienes no recibieron el subsidio por estas irregularidades, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la gestión de recursos públicos, como lo es Serviu.
Además de los problemas en la asignación de subsidios, la auditoría también hizo hincapié en la carencia de documentación en nueve casos, donde no se encontraron los expedientes necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos estipulados para acceder al beneficio. La falta de esta documentación impide verificar las condiciones legales de las viviendas subsidiadas, lo que aumenta el riesgo de que se otorguen ayudas a situaciones no justificada. Estas falencias administrativas exigen una respuesta contundente por parte de los organismos responsables para garantizar que los subsidios lleguen realmente a quienes los necesitan.
Ante la magnitud de las irregularidades encontradas, la Contraloría ha instruido a Serviu a adoptar medidas correctivas inmediatas, reforzando sus mecanismos de control interno y estableciendo procedimientos disciplinarios. La situación es un llamado a la acción para que las instituciones encargadas de la vivienda cumplan con su mandato de forma responsable y transparente, asegurando que los beneficios estatales se asignen de manera justa y eficiente. El compromiso con la correcta utilización de los recursos públicos es esencial para recuperar la confianza de la comunidad y asegurar que las políticas de vivienda cumplan su propósito de apoyar a quienes más lo necesitan.
