La ex delegada presidencial y actual diputada electa por el Partido Comunista, Sofía González, se encuentra en el centro de un escándalo político tras la denuncia de irregularidades en la contratación de la empresa San Nicolás, cuyo propietario es un joven de solo 20 años. Esta firma ha logrado obtener más de 6 mil millones de pesos en contratos para trabajos que están relacionados con la reconstrucción tras el devastador megaincendio que afectó a Valparaíso en febrero de 2024. Este caso ha generado inquietud entre los legisladores, quienes demandan tanto una investigación a nivel penal como una revisión exhaustiva de las decisiones tomadas durante su gestión, la cual se justificó en medio de la tragedia y el dolor de las familias afectadas por el desastre.
El anuncio de la solicitud de una Comisión Especial Investigadora fue realizado por diputados opositores que buscan aclarar las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República. Estas irregularidades incluyen la falta de experiencia del dueño de la empresa San Nicolás, así como aspectos preocupantes como la existencia de un domicilio falso y la carencia de maquinaria y personal apropiado para llevar a cabo los trabajos contratados. Diputados como Luis Fernando Sánchez han calificado la situación como «escandalosa», enfatizando que resulta inaceptable que se hayan asignado miles de millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos.
La gravedad de la situación se ve reflejada no solo en la falta de experiencia de la empresa involucrada, sino también en la magnitud de la tragedia que motivó estas contrataciones. Durante el megaincendio de Valparaíso, que devoró 43.000 hectáreas de terrenos y dejó 137 muertos, además de miles de heridos y desaparecidos, la gestión rápida y efectiva era crucial. No obstante, las acusaciones han puesto en tela de juicio la eficacia de las decisiones adoptadas por González al frente de la delegación, creando un clima de desconfianza entre la población afectada.
La ex delegada González, defendiendo su postura, ha expresado en declaraciones recientes su «tranquilidad» respecto a las decisiones tomadas en un contexto de crisis extrema, argumentando que su única preocupación fue brindar una respuesta ágil a las necesidades de las familias que perdieron todo. En consecuencia, sostiene que sus elecciones fueron motivadas por la urgencia de la reconstrucción, aunque esta justificación no ha logrado mitigar las críticas ni las presiones para que se lleve a cabo una investigación a fondo acerca de los contratos y las responsabilidades políticas embarcadas en este escándalo.
Mientras se desarrollan los acontecimientos, tanto los afectados como la ciudadanía en general esperan respuestas claras y transparentes. Las legislaturas han reiterado su compromiso de llevar adelante la investigación solicitada, pues consideran que no solo los habitantes de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar tienen derecho a conocer la verdad, sino también toda la nación. Este caso ha captado la atención no solo por la magnitud de las irregularidades, sino también por las implicaciones que tiene para la credibilidad del sistema político y las decisiones de recuperación tras una catástrofe de tal envergadura.
