El Gobierno ha lanzado un paquete de medidas orientadas a revitalizar el mercado inmobiliario, que enfrenta retos significativos como un alto stock de viviendas y un débil ritmo de ventas. Con cerca de 100 mil casas nuevas sin vender y un déficit habitacional que asciende a 500 mil unidades, el Ejecutivo busca aliviar la crisis a través de incentivos tributarios, financiamiento para la reconstrucción y la flexibilización de las regulaciones. Este esfuerzo está encapsulado en el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, que busca dinamizar la inversión y acelerar las transacciones en un sector crucial para la economía nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido el encargado de detallar estas iniciativas en un intento por reactivar el interés de los compradores y desarrolladores.
Uno de los pilares de estas medidas es la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), dotado con $400.000 millones (aproximadamente US$420 millones) para financiar la reconstrucción de las regiones más afectadas por los incendios forestales en 2026, especialmente en Ñuble y Biobío. En un intento por disminuir los precios de las viviendas y facilitar sus ventas, el Gobierno también ha decidido eliminar el IVA a la venta de casas nuevas por un periodo de un año. Esta suspensión busca estimular la demanda en un contexto en el que el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado, lo que venía impidiendo que muchas familias pudieran adquirir una vivienda propia.
La creación de un subsidio al empleo formal complementa este paquete de medidas, orientado a fomentar la estabilidad laboral en sectores críticos como la construcción. Este subsidio ayudará a las empresas en el pago de cotizaciones, buscando retrasar la pérdida de puestos de trabajo mientras se recupera la industria. Además, se plantea reducir la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) de 27% a 23%, alineándola con los promedios de la OCDE para incentivar la inversión en el país. Con estas medidas, el Gobierno busca crear un entorno favorable que no solo reactive el mercado inmobiliario, sino que también promueva el empleo y la economía en general.
Desde el punto de vista regulatorio, se ha oficializado la extensión de los permisos de edificación que estaban a punto de vencer, una medida que protegerá alrededor de 65 mil viviendas en desarrollo a nivel nacional. Este decreto, que adquiere validez por 12 meses, responde a los desafíos que la industria ha enfrentado, tales como el aumento de costos y financiamiento más restringido. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ha apoyado esta extensión, señalando que es un paso en la dirección correcta, ya que permite reactivar proyectos con potencial para iniciar obras a corto plazo y contribuir así a la generación de empleo.
Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas, aunque bien intencionadas, son insuficientes para abordar los problemas estructurales del sector. Sergio Correa, gerente inmobiliario de Colliers, ha destacado que, aunque la prórroga protege proyectos viables, persisten retos fundamentales como el acceso al crédito y la lenta absorción de la demanda de viviendas. En medio de estas reformas, la discusión legislativa también ha sido tensa con el anuncio del recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales del programa DS49, lo que podría dejar a muchas familias sin acceso a una vivienda adecuada en 2026, generando preocupación en la Comisión de Vivienda del Senado y entre la ciudadanía.
