En la ciudad de Valparaíso, el proyecto habitacional Nuevo Amanecer ha vuelto a ser objeto de críticas por parte de parlamentarios, quienes han manifestado su preocupación ante la falta de avances para proporcionar viviendas a 48 familias damnificadas por el devastador incendio que afectó el sector de Puertas Negras hace casi nueve años. Desde 2023, las obras del conjunto habitacional están completamente detenidas, con un avance físico de apenas el 25%. La paralización se debe a la decisión de la empresa constructora de abandonar el proyecto, una situación que ha dejado a estas familias en la incertidumbre respecto a su futuro.
El diputado Juan Valenzuela ha calificado la actual situación como «inaceptable» y ha destacado que las familias no deben continuar pagando las consecuencias de lo que considera una evidente falla en la gestión gubernamental. Valenzuela ha sugerido que, en caso de no reactivarse rápidamente el proyecto, sería necesario que el Estado considerara opciones como la reasignación de subsidios, para que los afectados puedan acceder a vivienda de forma urgente. La frustración entre los legisladores es palpable, evidenciando una creciente presión sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para que actúe con celeridad en este tema.
Por su parte, el diputado Sebastián Zamora ha apuntado a la burocracia como uno de los factores principales detrás del retraso en la ejecución del proyecto. «Estamos hablando de personas que perdieron su hogar y que, inexcusablemente, han sido postergadas», aseguró Zamora. Esta situación refleja un problema más profundo en la política de reconstrucción del país, donde muchas iniciativas enfrentan obstáculos por la falta de coordinación entre las distintas entidades encargadas de la gestión del territorio y la construcción de viviendas, algo que se vuelve crítico en comunidades golpeadas por desastres naturales como el de Puertas Negras.
Andrés Celis, otro de los legisladores que se ha sumado a las críticas, ha exigido claridad sobre el estado actual del proyecto y los recursos necesarios para su finalización. Celis ha manifestado que las únicas respuestas que han recibido las familias afectadas son, lamentablemente, el silencio y la incertidumbre. Esta percepción se traduce en un llamado a la acción para las autoridades, que deben proporcionar información concreta sobre los plazos y estrategias para reactivar estas obras esenciales para el bienestar de la comunidad.
Mientras tanto, las familias damnificadas viven en condiciones precarias, recurriendo a subsidios de arriendo y otras soluciones temporales. Este panorama ha incrementado aún más la presión sobre el Estado para resolver de manera efectiva el problema de la vivienda en Valparaíso. Los parlamentarios han coincidido en la necesidad de establecer un cronograma claro de reactivación de las obras, o en su defecto, definir mecanismos alternativos que permitan proporcionar soluciones habitacionales en el corto plazo, evitando que el proyecto Nuevo Amanecer se convierta en un nuevo símbolo de ineficiencia en la política habitacional del país.
