La reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca endurecer las penas por daños en infraestructuras penitenciarias ha generado un amplio debate en el país. Con 142 votos a favor y una abstención, el boletín 16.944 fue despachado al Senado, donde se iniciará su segundo trámite legislativo. Este proyecto surge en un contexto de creciente complejidad delictual y un aumento alarmante de la violencia dentro de las cárceles, lo que ha llevado a los parlamentarios a considerar urgente la necesidad de reforzar la seguridad en estos recintos.
La propuesta legislativa tiene como objetivo modificar el Código Penal, incluyendo explícitamente los daños a la infraestructura penitenciaria como un delito contra la propiedad. Esto implica que las penas pasarían a ser más severas, con sanciones que van desde la reclusión menor en su grado medio hasta un máximo de cinco años, además de multas que podrían alcanzar hasta las 20 UTM si el daño supera las 40 UTM. De esta manera, el proyecto busca sentar un precedente claro en la lucha contra la violencia y la impunidad dentro de las cárceles.
Esta iniciativa nace a raíz de incidentes recientes en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), que evidenciaron la vulnerabilidad de las instalaciones penitenciarias. Durante la discusión en el Congreso, varios diputados recalcaron que la destrucción de bienes no solo provoca un daño material, sino que también representa una amenaza directa para la seguridad de los funcionarios de Gendarmería de Chile y para los presos, quienes se encuentran en un entorno que debería ser controlado y seguro.
A pesar de la amplia mayoría que dio paso a la iniciativa, algunos parlamentarios manifestaron su escepticismo sobre la efectividad de simplemente aumentar las penas. Destacaron la necesidad de implementar medidas complementarias, que incluyan un aumento en la dotación de personal y mejoras en las condiciones laborales dentro de las cárceles. También sugirieron condiciones para una mejor segregación de internos de alta peligrosidad, argumentando que estas acciones son esenciales para afrontar los desafíos estructurales que enfrenta el sistema penitenciario.
Con la llegada del proyecto al Senado, se abre un nuevo capítulo en el proceso legislativo donde se espera una evaluación exhaustiva de su alcance e impacto. Los senadores tendrán la oportunidad de discutir posibles enmiendas que refuercen la protección de la infraestructura penitenciaria y que mejoren las condiciones de seguridad en el sistema carcelario. La discusión sobre este tema será crucial, pues la seguridad en los recintos penitenciarios tiene impactos directos tanto en el orden público como en la reintegración de las personas que cumplen condenas.
