Un estudio reciente advierte que la propuesta del Gobierno de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores podría tener repercusiones significativas en las finanzas municipales y en el Fondo Común Municipal. Esta medida, que busca aliviar la carga económica de este segmento de la población, se enmarca dentro del Plan Nacional de Reconstrucción impulsado por el Presidente José Antonio Kast. En un contexto donde se busca equilibrar el gasto fiscal y reactivar la economía tras los devastadores incendios forestales en Ñuble y Biobío, la decisión representa un desafío ante la potencial reducción en la recaudación que podría llegar a los $33.020 millones.
El análisis realizado por la proptech Propiteq y la consultora Transsa indica que la eliminación progresiva de las contribuciones, que comenzaría con los adultos mayores, podría afectar a 1,38 millones de propiedades que actualmente generan alrededor de $245 mil millones anuales en recaudación. Cerca del 30% de este ingreso proviene de viviendas de adultos mayores, grupo que históricamente ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Este cambio normativo plantea la disyuntiva entre la justicia social y la sostenibilidad financiera de las comunas, donde se concentran muchas de estas propiedades.
El impacto financiero de este proyecto no se limitaría únicamente a la recaudación de impuestos locales. Felipe Respaldiza, CEO de Propiteq, advirtió que la disminución en el Fondo Común Municipal podría profundizar las brechas territoriales, afectando a aquellos municipios que dependen más de esta redistribución de recursos. El Fondo Común es esencial para que muchas comunas, especialmente las de menores ingresos, mantengan sus servicios básicos. Esta situación generaría un efecto dominó que afectaría a la estabilidad de toda la red municipal.
A pesar del fuerte enfoque social de la medida, respaldado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el debate se vuelve más complejo con la posibilidad de universalizar el beneficio a toda la población. Según el estudio, en un escenario de ampliación, la recaudación podría caer hasta un 57%, lo que implicaría pérdidas que superarían los $106 mil millones. Esto generaría preocupaciones sobre el impacto que un recorte tan drástico tendría en la estructura de financiamiento municipal, especialmente en comunidades de medianos ingresos que, contrariamente a la percepción general, representan más de la mitad de la recaudación que se perdería.
Mientras tanto, el Plan Nacional de Reconstrucción también contempla medidas complementarias, como la asignación de $400 mil millones adicionales para vivienda y la exención temporal del IVA en la venta de propiedades. La propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, a pesar de ser impulsada con la intención de ofrecer alivio a un sector vulnerable, aparece como una espada de doble filo en el contexto fiscal. De bienestar social, podría transformarse en un punto crítico que determine el rumbo de la política habitacional en los años venideros y refine el equilibrio entre justicia social y responsabilidad fiscal.
