La «Ley Valentín», recientemente aprobada por el Senado, establece nuevas normas de seguridad en edificios de varias plantas en Chile, enfocándose en la protección de los más vulnerables: niños y personas con necesidades especiales. Este proyecto legislativo, que busca evitar caídas accidentales desde balcones y terrazas, se originó tras una serie de trágicos incidentes que han puesto en evidencia las falencias en la seguridad de las edificaciones. La norma establece que los reglamentos de copropiedad no podrán restringir la instalación de mallas de protección o sistemas de bloqueo en estos espacios, lo que representa un avance significativo en la prevención de accidentes.
Durante la tramitación legislativa, el debate se intensificó tras mencionar casos recientes de caídas fatales de menores. La iniciativa adopta el nombre de Valentín, un niño de cinco años que murió tras caer desde un treceavo piso en junio de 2025, caso que sensibilizó a los parlamentarios sobre la urgencia de contar con medidas efectivas. No solo este caso, sino también el de una niña de dos años en Las Condes, resaltaron la triste realidad de que las caídas desde gran altura son una causa de muerte preventiva entre los menores. Las cifras presentadas durante la discusión fueron impactantes, con 39 fallecimientos por caídas entre 2022 y 2024, resaltando la necesidad de acción inmediata.
La ley no solo determina la prohibición a las comunidades de copropietarios por desincentivar la instalación de sistemas de seguridad, sino que también permite que se establezcan estándares mínimos en cuanto a la calidad y características técnicas de dichas instalaciones. De este modo, se busca balancear la seguridad con un diseño estético que no demerite la apariencia del edificio. Los propietarios y arrendatarios con menores de 12 años o personas con movilidad reducida tendrán la obligación de implementar estas medidas, promoviendo así un entorno más seguro en los hogares.
En el contexto del debate, surgieron interrogantes respecto al papel de las inmobiliarias y constructoras en la implementación de estas normas de seguridad. Algunos parlamentarios sugirieron que las edificaciones nuevas deberían incluir sistemas de protección desde su fase de diseño, lo que evitaría costos adicionales para las familias que se vean en la necesidad de adaptarlos una vez completada la construcción. Esto abre un camino para que las empresas del rubro permanezcan a la vanguardia en la responsabilidad social, priorizando la seguridad de los habitantes en sus proyectos.
Después de la aprobación del proyecto en el Senado, se hizo un llamado al Ejecutivo para que se le otorgue urgencia a la discusión de la Ley Valentín en la Cámara de Diputados. Esta solicitud refleja la relevancia que han dado los legisladores a la creación de un marco que garantice la seguridad en edificios de varias plantas. La respuesta del Gobierno será crucial para continuar el avance de esta legislación, que busca no solo legislar en torno a la seguridad, sino también salvar vidas y prevenir tragedias en la comunidad.
