La iniciativa legislativa que busca modificar la Ley N° 20.898, conocida popularmente como la Ley del Mono, ha avanzado recientemente en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el propósito de facilitar la regularización de inmuebles construidos sin los permisos municipales requeridos. Este avance es un alivio para muchos propietarios que se encuentran con dificultades para obtener la recepción definitiva de sus viviendas. La propuesta, respaldada por una serie de reformas, pretende actualizar las condiciones del régimen especial de regularización, lo que ampliará la cantidad de personas que podrán beneficiarse de este proceso, que ha sido vital en ofrecer soluciones habitacionales a quienes han construido su hogar de forma irregular.
Entre los cambios más significativos que se plantean en el proyecto se encuentra la extensión del plazo para acceder al proceso de regularización hasta el 31 de diciembre de 2029. Esta extensión brindaría una segunda oportunidad a quienes construyeron sus viviendas antes del 28 de noviembre de 2025 y aún no han podido obtener la recepción definitiva, ya sea total o parcial. Adicionalmente, se propone elevar el límite del avalúo fiscal permitido para acogerse a estos beneficios, aumentando de 1.000 a 2.000 UF, lo que significará que más hogares podrán ser regularizados. Esta medida, presentada en la comisión, busca incentivar a aquellos propietarios que se ven desmotivados debido a los altos costos de regularización.
Otro aspecto relevante del proyecto es el aumento en la superficie máxima de las viviendas que pueden acogerse al procedimiento simplificado, pasando de 90 a 120 metros cuadrados. Esto representa un avance considerable para muchas familias que han construido ampliaciones necesarias para habitar dignamente. Sin embargo, es importante destacar que esta ampliación no se aplicará a las viviendas que reciben subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo cual busca dar prioridad a aquellos casos que verdaderamente requieren de una regularización sin ningún tipo de soporte financiero público.
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa incorporará nuevas exigencias en cuanto a la seguridad de las viviendas. En particular, aquellas construcciones aisladas, pareadas o adyacentes de hasta dos pisos y con una superficie de 120 metros cuadrados o menos, deberán cumplir con una resistencia mínima al fuego F15 en sus elementos estructurales. Esta medida es un paso adelante para garantizar la seguridad de las edificaciones, contribuyendo a minimizar riesgos en caso de emergencias, al mismo tiempo que se regularizan las viviendas en cuestión.
La tramitación del proyecto sigue su curso en el Congreso, donde ha sido motivo de debate y análisis. Durante la discusión en la Comisión de Vivienda, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, presentó un inquietante diagnóstico sobre los desalojos forzosos en campamentos, mostrando la necesidad de considerar un enfoque centrado en los derechos humanos en estas situaciones. A medida que el proyecto avanza, aún deberá superar varias etapas legislativas en la Cámara de Diputadas y Diputados antes de convertirse en ley, lo que refleja la importancia y la urgencia del tema de la regularización de viviendas en el país.
