La reciente propuesta del Gobierno de ampliar los beneficios del DFL2, especialmente dirigida a los propietarios de más de dos viviendas, ha reavivado el debate sobre las estrategias adecuadas para enfrentar la crisis habitacional en el país. Según los lineamientos de esta iniciativa, las nuevas unidades de vivienda no deberían exceder los 90 metros cuadrados, creando un entorno favorable para la inversión en propiedades de menor superficie. Con un impuesto único proyectado en un 5%, se espera que este enfoque no solo dinamice el mercado inmobiliario, sino que también contribuya a disminuir el significativo stock de viviendas nuevas que aún permanecen sin vender, que supera las 100 mil unidades a nivel nacional.
Desde el sector inmobiliario, las opiniones están divididas. Por un lado, expertos como Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, argumentan que la ampliación del DFL2 podría ser la clave para atraer capital privado al sector de arriendo, lo que potencialmente estabilizaría los precios de alquiler. Gleisner sostiene que el aumento en la oferta de unidades en renta podría aliviar la carga económica de aquellas familias que optan por alquilar en lugar de comprar. Esta visión optimista plantea que la modificación de la política podría ser un paso crítico para incentivar la inversión privada y, al mismo tiempo, reactivar la construcción en un contexto donde la demanda habitacional va en aumento.
No obstante, un enfoque más cauteloso es presentado por Sergio Novoa, gerente general de BMI Servicios Inmobiliarios, quien advierte sobre los posibles riesgos asociados a esta ampliación. Novoa reconoce que, aunque la iniciativa podría reactivar la inversión en bienes raíces, también podría favorecer la concentración de la propiedad en manos de inversionistas más capitalizados. Para él, es crucial que el diseño de esta política no desvincule el DFL2 de su propósito original: facilitar el acceso a la vivienda para las familias necesitadas, en lugar de propiciar la acumulación por parte de grandes inversionistas.
Es importante considerar los beneficios que actualmente otorga el DFL2 que han sido fundamentales para el desarrollo del mercado habitacional en Chile. Entre estos beneficios se incluyen la reducción del impuesto de timbres y estampillas y descuentos significativos en derechos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Además, las exenciones y reducciones en el pago de contribuciones durante un periodo de años han permitido que muchas familias accedan a una vivienda en propiedad, constituyendo un apoyo tangible en un contexto donde los precios del mercado son cada vez más desafiantes.
La propuesta de aplicar un límite en la superficie de los apartamentos y el nuevo impuesto plantea un cambio que podría influir en la tendencia del mercado hacia la construcción de viviendas más pequeñas en zonas urbanas densas. Novoa menciona que esta restricción puede impulsionar a los desarrolladores a priorizar proyectos de menor tamaño, lo que podría limitar la diversidad de opciones disponibles para los inquilinos. A medida que las políticas habitacionales se siguen debatiendo, la necesidad de encontrar un balance entre la inversión y el acceso a vivienda continuará siendo un tema de vital importancia para el futuro urbano del país.
