En Chile, la situación de las familias que habitan en campamentos continúa siendo crítica, con más de 120 mil familias enfrentando condiciones precarias. Según Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile, muchas de ellas carecen de acceso seguro a servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado. Este escenario se detalla en el reciente Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, que indica que un alto porcentaje de estas comunidades vive en situaciones de vulnerabilidad extrema.
El informe revela que solo el 18,6% de los campamentos en el país disfrutan de acceso a electricidad a través de un medidor propio. En contraste, un alarmante 60,6% de estos asentamientos depende de conexiones irregulares, lo que pone en evidencia la falta de infraestructura adecuada y el riesgo de accidentes eléctricos. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de miles de familias, sino que también limita su acceso a servicios fundamentales en un mundo donde la electricidad es indispensable.
En cuanto al acceso al agua potable, el Catastro muestra que un 38,8% de los campamentos se conecta a la red pública sin un medidor propio, mientras que un 32,5% depende de camiones aljibe. Esta dependencia del agua transportada crea situaciones de inestabilidad y escasez, especialmente en las regiones del norte grande del país, donde las condiciones climáticas pueden agravar aún más la situación. Moncada enfatiza que esta falta de acceso a un recurso tan esencial es una clara manifestación de la exclusión social que enfrentan estas comunidades.
El informe también destaca que el 42,7% de los campamentos utilizan fosas sépticas como su principal forma de saneamiento, mientras que el 27,5% recurre a letrinas. Estas condiciones sanitarias son preocupantes, ya que ponen en riesgo la salud de las familias y pueden contribuir a la propagación de enfermedades. Enrique Matuschka, director de Desarrollo Urbano Habitacional de Déficit Cero, subraya que la regularización de los campamentos podría facilitar el acceso a servicios básicos, pero hace hincapié en que esto no es suficiente sin una adecuada gestión institucional y una inversión sostenida.
A pesar de esta difícil realidad, el Catastro indica que uno de cada cinco campamentos tiene factibilidad técnica para ser radicado en menos de dos años. Esto genera un rayo de esperanza en medio del desasosiego: las 120.584 familias que actualmente residen en 1.428 campamentos en todo el país, la cifra más alta desde 1996, podrían ver mejoras significativas en su calidad de vida si se implementan las estrategias adecuadas. Sin embargo, es fundamental que se adopte una perspectiva integral que aborde no solo los problemas habitacionales, sino también la exclusión social que subyace a esta problemática.
