El Instituto Inmobiliario de Chile ha convocado una mesa técnica que comenzará a trabajar en la elaboración de una propuesta destinada a establecer estándares mínimos para el ejercicio del corretaje de propiedades. Este esfuerzo se lleva a cabo en un contexto crítico, donde la actividad de corretaje inmobiliario opera sin una regulación específica, a pesar de que maneja transacciones que suman miles de millones de dólares anualmente. La falta de requisitos claros para ejercer esta profesión plantea serias preocupaciones sobre la protección de los consumidores, quienes se ven inmersos en una de las decisiones financieras más importantes de sus vidas, la compra de una vivienda.
La constitución de esta mesa técnica reanima un debate que ha estado pendiente durante años en el país. Desde el año 2018, un proyecto de ley que busca establecer un Registro Nacional de Corredores de Propiedades se encuentra estancado en el Senado, reflejando una falta de voluntad política para regular un sector que, hasta ahora, no ha logrado formalizar condiciones mínimas para su ejercicio. Esta situación ha llevado a que cualquier persona pueda actuar como corredor, sin ninguna habilitación previa, poniendo en riesgo tanto a compradores como a vendedores en el proceso de compraventa.
Entre los aspectos de la propuesta que se discutirán en la mesa destacan la necesidad de establecer requisitos de capacitación, certificaciones, y un marco ético que garantice la transparencia en el mercado inmobiliario. La importancia de estos estándares fue subrayada por Jorge Moena, asesor técnico de brokers, quien argumenta que la falta de regulación actual permite que cualquier individuo sin formación pueda entrar al negocio de corretaje, exponiendo a las familias a prácticas perjudiciales. La creación de un registro nacional facilitaría, en principio, el seguimiento y control de las credenciales de los agentes.
Los antecedentes sobre la experiencia de los consumidores también ocupan un lugar central en esta discusión. Estadísticas recientes indican que el 81% de los reclamos presentados ante el Sernac contra corredores de propiedades no fueron atendidos, lo que pone de manifiesto la falta de responsabilidad y atención por parte de algunas empresas en el sector. Este panorama ha generado desconfianza entre los ciudadanos, lo cual ha sido señalado como un obstáculo para una mayoría que, ante el escenario actual, preferiría abstenerse de contratar los servicios de un corredor.
Como parte del proceso de análisis, la mesa técnica considerará modelos regulativos de corretaje de países como Estados Unidos, donde se exigen licencias, formación continua y un seguimiento regular de los corredores por parte de autoridades competentes. Este enfoque no pretende simplemente replicar lo extranjero, sino adaptar elementos que optimicen la protección del consumidor y fortalezcan la profesionalización del sector en Chile. Si se logra avanzar con esta iniciativa, se podría iniciar un camino hacia un mercado inmobiliario más transparente, confiable y eficiente, que podría beneficiar a todos los actores involucrados.
