El operativo de desalojo en el cerro Centinela, ubicado en San Antonio, ha marcado un hito en la segunda etapa del mayor proceso de restitución urbana en el país, logrando recuperar más de 4,5 hectáreas de terreno. Este avance significativo, que supera las proyecciones iniciales, representa un esfuerzo conjunto entre diversas autoridades y entidades gubernamentales. Con un enfoque claro en la recuperación de espacios públicos, el proceso busca restablecer el orden territorial en áreas afectadas por la ocupación irregular, un problema que se ha intensificado en las últimas décadas.
Durante la última semana, las autoridades informaron que se logró recuperar más del 60% de las 5,4 hectáreas previstas en este primer tramo, lo que resultó en el desmantelamiento de aproximadamente 150 estructuras. Este avance fue posible gracias a la intervención coordinada de Carabineros, la Policía de Investigaciones, y diversos equipos municipales, apoyados por el Ministerio de Vivienda y la Delegación Presidencial Regional. La estrategia de intervención contempló acciones en sectores donde se concentraban campamentos, mostrando la eficacia de una planificación detallada y la colaboración interinstitucional.
Una de las claves para el éxito en esta fase ha sido la salida anticipada de muchas familias, lo que permitió que el proceso de desalojo se desarrollara con menos resistencia. La notificación previa y la experiencia adquirida en la primera etapa del desalojo, ejecutada en enero, facilitaron la cooperación por parte de la comunidad, contribuyendo a un desalojo más ordenado y menos conflictivo. Este hecho resalta la importancia de implementar políticas de comunicación y de preparación comunitaria para abordar las ocupaciones irregulares.
Sin embargo, las autoridades advierten que el escenario en los próximos polígonos es considerablemente distinto. Con una mayor densidad de viviendas y una ocupación más consolidada, se espera que los avances en la restitución urbana sean más lentos y complejos. Aún quedan cerca de 40 hectáreas por intervenir, lo que representa mil retos logísticos, sociales y de seguridad. La planificación deberá adaptarse a esta nueva realidad, donde la intervención directa puede encontrarse con mayores niveles de resistencia por parte de la población afectada.
El cronograma establecido proyecta continuar las operaciones en las próximas semanas, esperando cerrar esta etapa dentro del mes; sin embargo, el cumplimiento de este objetivo dependerá de las dinámicas en terreno y del ritmo de desocupación de los sectores restantes. La situación requiere de un enfoque flexible y una constante evaluación de las condiciones, al mismo tiempo que las autoridades se comprometen a buscar soluciones que respeten los derechos de las familias afectadas, sin dejar de lado el objetivo de recuperar y preservar los espacios urbanos.
