Este lunes 12 de enero, un importante despliegue policial tuvo lugar en el Cerro Centinela de San Antonio, marcando el inicio del desalojo parcial de la megatoma que ha generado tensión en la zona. Las primeras tres parcelas, que abarcan alrededor de 105 hectáreas ocupadas ilegalmente, fueron el foco de un operativo que se vio empañado por actos de violencia. Barricadas en llamas, enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros y la utilización de bombas molotov formaron parte del escenario caótico que los funcionarios de la policía encontraron al intentar recuperar la parcela 11 de aproximadamente tres hectáreas, así como las parcelas 13 y 15.
La situación se complicó aún más cuando los propietarios legales del terreno, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., denunciaron que los actos de violencia durante el desalojo impidieron inicialmente el ingreso de maquinaria pesada para demoler las estructuras levantadas por los ocupantes. Según informaron, una retroexcavadora fue incendiada, lo que obligó a los trabajadores a desistir de realizar los trabajos de recuperación debido a los temores por su seguridad, pues muchos residían en la misma comuna.
La Delegación Presidencial Regional anunció que su operativo permitió desalojar a 44 familias que habitaban en la parcela 11, y aunque algunos ocupantes intentaron trasladarse a otras áreas, existió fuerte resistencia por parte de otros habitantes. El delegado presidencial, Yanino Riquelme, aseguró que el área se encuentra bajo un estricto control policial y que están en conversaciones con las familias para facilitar su desalojo. La comunidad afectada está a la espera de la llegada de la maquinaria que permitirá llevar a cabo los trabajos de desocupación definitiva por parte de la inmobiliaria.
El desalojo en Cerro Centinela está fundamentado en una orden emitida por la Corte Suprema en marzo de 2024, que exige restablecer el Estado de Derecho sobre los terrenos ocupados tras el estallido social de 2019. Con el fin de abordar las necesidades habitacionales de las cerca de 1,700 familias que residen en esta megatoma, el Gobierno ha planeado la expropiación de aproximadamente el 50% de las áreas ocupadas, destinando 110 hectáreas a un proyecto de viviendas formales. No obstante, las autoridades han tenido que lidiar con recursos legales interpuestos por los ocupantes, alegando derechos de posesión.
A medida que el proceso de desalojo avanza, la tensión entre las autoridades, propietarios y residentes persiste. Se ha puesto a disposición un gimnasio como albergue temporal para las familias desplazadas hasta un máximo de 72 horas. Mientras tanto, se espera que el próximo operativo de desalojo se lleve a cabo el lunes, lo que intensifica aún más los ánimos entre todos los involucrados. La comunidad está a la expectativa de cómo se desarrollarán las negociaciones y si se alcanzarán soluciones que eviten mayores conflictos.
