Un reciente estudio elaborado por el Laboratorio Municipal (LabMun) de la Universidad Adolfo Ibáñez ha puesto de manifiesto que las municipalidades solo presentan objeciones formales en un escaso 1% de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta cifra sorprende, considerando que el estudio abarca un análisis de las iniciativas evaluadas en la última década, reflejando una baja tasa de impugnaciones. Durante el seminario titulado “Rol de los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos”, académicos, autoridades locales y representantes del sector privado discutieron las implicaciones de estos hallazgos, revelando una compleja relación entre los proyectos de inversión y las autoridades municipales.
Uno de los hallazgos más destacados del informe es que, a pesar del bajo número de impugnaciones, aquellas objeciones formales que efectúan las municipalidades llevan consigo una alta tasa de consecuencias adversas; aproximadamente un tercio de los proyectos que enfrentan una impugnación termina siendo rechazado, revocado, desistido o caducado. Esto sugiere que, aunque el número de impugnaciones sea reducido, su impacto es significativo y representa una herramienta clave para los municipios a la hora de gestionar su territorio y proteger sus intereses locales frente a proyectos de gran escala.
El estudio también revela que la mayor conflictividad se presenta en los sectores de infraestructura portuaria y de transporte, donde las tasas de conflicto alcanzan el 11,7% y el 6%, respectivamente. Según Ana María Montoya, académica de la Escuela de Gobierno de la UAI, la mayoría de los proyectos cuestionados pertenecen a iniciativas de gran magnitud que, aunque generan beneficios a nivel nacional, pueden tener repercusiones negativas en las comunidades locales. Montoya enfatiza que el 77,6% de los proyectos en disputa superan la mediana del tamaño de los proyectos de inversión del sistema de evaluación ambiental, reflejando un desajuste entre beneficios y costos en los territorios afectados.
Los municipios enfrentan además un desafío crucial: la falta de mecanismos para transferir beneficios económicos directos a las comunas involucradas en proyectos de infraestructura. A diferencia del sector minero, que posee instrumentos específicos para asegurar compensaciones, muchos municipios carecen de estas herramientas. Durante el seminario, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó la necesidad de mejorar estas dinámicas, reconociendo que muchos municipios no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para participar en igualdad de condiciones en estos procesos de evaluación. Radonich subrayó la importancia de establecer un sistema de compensaciones más transparente, que evite las negociaciones individuales y garantice beneficios tangibles para las comunidades locales.
Por otro lado, el gerente general de ALOG Chile, Alexis Michea, resaltó la relevancia de los gobiernos locales en el desarrollo sostenible de los proyectos de inversión. Michea afirmó que el futuro productivo de Chile está inextricablemente ligado a la capacidad de las municipalidades para ser actores claves en sus territorios. La discusión en torno a estos temas, emergente del estudio de LabMun, pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más colaborativo y transparente en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura, asegurando que se contemplen los intereses locales y se incorporen mecanismos efectivos de compensación.
