La jefa del organismo contralor, Dorothy Pérez, presentó hoy a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados un detallado informe que expone las observaciones realizadas con respecto a la adquisición de terrenos en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. A través del Informe Final N°421, Pérez analizó la gestión del entonces ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, poniendo de relieve la importancia de asegurar la correcta administración de los recursos públicos en el sector habitacional. La presentación pone de manifiesto las preocupaciones que han surgido en torno a la eficacia de las medidas implementadas en este ámbito.“},{
Durante su exposición, la contralora general enfatizó que, si bien no se detectaron delitos en la gestión examinada, sí se identificaron serias deficiencias administrativas en el manejo de los fondos públicos. Pérez explicó que la Contraloría tiene competencias limitadas en cuanto a la formulación de reparos sobre la restitución de recursos, ya que su enfoque está en la revisión de responsabilidades administrativas y civiles. Sin embargo, estos hallazgos han llevado a la Contraloría a instruir un sumario administrativo a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que comenzó en abril de este año, para investigar con mayor profundidad las irregularidades detectadas en la gestión de los recursos del Plan de Emergencia Habitacional.
El informe, elaborado entre los años 2022 y 2024, no solo se centró en la adquisición de terrenos, sino que también revisó las coordinaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) y las secretarías regionales ministeriales (seremis). En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes identificados por la auditora fueron las irregularidades en la distribución y uso de los terrenos adquiridos, que superaron en más de un 60% la meta establecida inicialmente para este plan. A pesar de esto, el informe destacó que en siete de las ocho regiones analizadas no se han evidenciado avances tangibles en proyectos asociados a esos terrenos, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la política habitacional implementada.
Ante estos datos, múltiples parlamentarios oficialistas manifestaron su inquietud por las posibles irregularidades en los procesos de adquisición de terrenos, específicamente en lo que se refiere a los pagos realizados, que según algunos reportes habrían duplicado e incluso triplicado los valores previamente estimados en ciertas transacciones. Los legisladores exigieron más transparencia y control en las operaciones, cuestionando la escasa cantidad de tasaciones realizadas y la utilización de tratos directos sin las resoluciones pertinentes, lo que podría constituir una vulneración a los principios de probidad y eficiencia administrativa, pilares fundamentales en la gestión del Estado.
La presentación de la contralora Dorothy Pérez y los detalles del Informe Final N°421 ponen en relieve la necesidad de un análisis más profundo sobre la administración de los recursos en el sector de la vivienda. La situación actual sugiere un llamado a la acción por parte de las autoridades para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y con la máxima transparencia. A medida que avanza el sumario administrativo, el país queda a la espera de las medidas correctivas que se implementarán para abordar estos problemas y garantizar el acceso efectivo a viviendas dignas para todos los ciudadanos.
