Desde 2022, el mercado de parcelaciones rurales en Chile ha enfrentado un periodo de serias complicaciones debido al endurecimiento de las normativas, la incertidumbre jurídica y un proyecto de ley que permanece estancado. Según datos recientes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el número de solicitudes de subdivisión de predios rurales ha caído drásticamente en más de un 61%, pasando de 22.378 a 8.650 entre 2022 y 2025. Este notable descenso refleja el impacto de las nuevas regulaciones impuestas por las autoridades, que buscan evitar la creación de núcleos urbanos en zonas rurales y, a su vez, garantizar una planificación territorial adecuada.
La socia de IVM Abogados, María Eugenia Badilla, ha señalado que el cambio en la dinámica del mercado ocurrió a partir de 2022, año en el que las exigencias para obtener certificaciones de subdivisión se volvieron más estrictas. Este cambio se impulsó como respuesta a la creciente proliferación de loteos para vivienda en suelos agrícolas, especialmente durante la pandemia, que empezó a generar fricciones con la legislación relacionada con la planificación territorial y el uso adecuado de la tierra agrícola. En este contexto, la normativa estricta busca resguardar el suelo para usos sustentables, pero ha llevado también a una parálisis en el sector.
Un factor que agrava la situación es la incertidumbre que rodea al proyecto de ley ingresado en julio de 2024, que pretende establecer un marco regulatorio claro para la subdivisión de terrenos rurales. Este proyecto se encuentra actualmente atascado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados por más de 19 meses, creando un escenario de confusión tanto para los desarrolladores como para los potenciales compradores. Badilla advierte que mientras este proyecto no avance, los riesgos para quienes buscan realizar inversiones en terrenos rurales continuarán incrementándose, dado que el marco legal actual es ambiguo e impredecible.
A esta incertidumbre legal se suman las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien ha expresado su preocupación por la conversión del suelo agrícola en terrenos destinados a negocios inmobiliarios, indicando que una parte importante de estos espacios no se está utilizando para fines productivos. Asimismo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha resaltado la necesidad de ordenar el crecimiento urbano y ha hecho eco del problema de los loteos irregulares que se han comenzado a proliferar, lo que pone en riesgo no solo el desarrollo territorial, sino también el bienestar de quienes habitan en estas áreas.
A pesar de estas dificultades, algunos expertos mantienen esperanzas sobre una eventual reactivación del mercado de parcelaciones rurales. Se espera que la tramitación del proyecto de ley en el Congreso avance pronto, permitiendo establecer un equilibrio entre el desarrollo del suelo silvoagropecuario y el derecho de las familias a elegir vivir en áreas rurales sin enfrentar obstáculos legales. En esta lucha por una regulación más coherente, el desafío será mantener la protección de los suelos agrícolas mientras se ordena el crecimiento y se respeta la necesidad de vivienda fuera de las ciudades.
