El debate sobre la posible extensión de los plazos de responsabilidad por defectos constructivos ha suscitado reacciones encontradas entre los profesionales del sector de la construcción e inmobiliario. Mientras algunos ven esta medida como un paso necesario para mejorar la calidad de las viviendas y proteger a los compradores, otros advierten que podría tener repercusiones económicas significativas en un contexto ya complicado por la escasez de inversión y las dificultades en el acceso a financiamiento. Leonardo Núñez, autor del análisis, destaca que el interés en fortalecer los estándares de calidad es innegable, pero su implementación debe ser cuidadosamente considerada.
Desde la perspectiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la ampliación de los plazos de responsabilidad implicaría la necesidad de revisar las garantías que actualmente ofrecen muchos de los materiales utilizados en la edificación. En este sentido, la CChC ha señalado que gran parte de estos insumos no tienen garantías que superen los diez años, lo que podría derivar en un incremento en los costos de aseguramiento y gestión para las constructoras. Este escenario no solo podría encarecer los proyectos, sino que también podría poner en riesgo su viabilidad económica, especialmente en un entorno financiero ajustado.
Asimismo, los representantes de la industria han enfatizado la importancia de realizar un análisis exhaustivo de las causas que originan los defectos en las construcciones. Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), se ha propuesto la creación de una mesa técnica para estudiar el comportamiento de los materiales implicados en los problemas reportados en años recientes. Esta iniciativa busca identificar con precisión los factores que llevan a fallas en la construcción y asignar responsabilidades de manera justa, asegurando así que la posventa se convierta en un proceso eficaz que mejore la satisfacción de los propietarios.
Especialistas del sector también han manifestado su preocupación ante el contexto económico actual, que presenta un aumento sostenido en los costos de construcción y prolongados plazos para la obtención de permisos. Consideran que cualquier discusión sobre el aumento de las responsabilidades debe tomar en cuenta la situación del mercado, cuyo impacto podría ser más acentuado en áreas como la vivienda social. En este segmento, los márgenes de ganancia son mucho más ajustados, lo que significa que cualquier incremento de costos podría obstaculizar el desarrollo de proyectos destinados a la población más vulnerable.
Finalmente, el consenso parece indicar que la industria de la construcción está dispuesta a elevar los estándares de calidad y a fortalecer la protección de las familias compradoras. Sin embargo, es imperativo que cualquier ajuste en las regulaciones sea abordado desde una perspectiva realista y adaptable, que no limite la capacidad del sector para generar nuevas viviendas. La búsqueda de un equilibrio entre la protección del consumidor y la viabilidad económica de los proyectos será clave para el futuro del sector inmobiliario chileno.
