Vecinos de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se presentaron ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, denunciando un alarmante abandono estatal y obstáculos burocráticos en el proceso de reconstrucción tras el devastador megaincendio ocurrido en febrero de 2024. Más de un año ha pasado desde la tragedia, y las organizaciones de damnificados expresaron su frustración por la falta de avances en áreas cruciales como la vivienda, los servicios básicos y la atención a salud mental, señalando que la respuesta del Gobierno ha sido inadecuada.
Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio de Villa Independencia, dio voz a 1.100 familias afectadas, destacando que «la burocracia le ganó a la reconstrucción». Según ella, aunque los fondos de emergencia están aprobados, estos no han llegado a los damnificados. Guerra exigió justicia y reparación, subrayando la incapacidad del Gobierno para ofrecer soluciones habitacionales adecuadas, y criticó la intervención del Ministerio de Vivienda, acusando una evidente ineficacia en los procesos de autoconstrucción.
El testimonió de Jaime Mella, también miembro de la ONG, reforzó la crítica sobre la situación de los damnificados: «Seguimos sin solución habitacional. Las viviendas de emergencia no cumplen con las mínimas condiciones, ya que carecen de agua, luz y alcantarillado». Mella también enfatizó las múltiples trabas impuestas por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, que según él, han impedido que las familias habiten sus soluciones provisorias, complicando aún más la ya delicada situación de los afectados.
Paola Pizarro, presidenta del Comité de Vivienda Luz Esperanza, aportó que los campamentos se encuentran en una situación crítica, señalando que desde el incendio no se ha avanzado en la regularización y que aún se sienten abandonados por el Estado: «Nos dejaron quemar y ahora piden que regularicemos. Llevamos años en nuestros terrenos, y no vamos a abandonarlos». Además, resaltó la creciente crisis emocional entre los afectados, recordando que ya se han reportado 24 suicidios, lo que pone de manifiesto la falta de atención psicológica disponible.
Ante estos testimonios, la Comisión acordó enviar oficios a diversas entidades del Estado para abordar estas preocupaciones. Las medidas solicitadas incluyen la reactivación de un ofrecimiento de 2 mil viviendas por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, el establecimiento de un protocolo de atención preferente para los damnificados en las Direcciones de Obras Municipales y requerir explicaciones al Ministerio de Salud sobre la discontinuidad en la atención psicológica. La situación refleja una necesidad urgente de respuesta y acción por parte del Gobierno para atender las crecientes demandas de la comunidad afectada.
