En el contexto actual de incertidumbre económica que enfrenta Chile, la reciente decisión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de avanzar con un proyecto que busca prohibir el uso de la Unidad de Fomento (UF) ha generado un amplio debate. Esta medida, que incluye la eliminación de la UF en contratos de créditos hipotecarios, arrendamientos, educación y salud, se ha presentado como una solución para combatir el aumento del costo de vida. Sin embargo, muchos expertos advierten que tal decisión podría resultar contraproducente, afectando gravemente el acceso a financiamiento a largo plazo y, por ende, a la vivienda, un aspecto crucial para muchas familias chilenas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha calificado la eliminación de la UF como un potencial «terremoto» para el sistema de crédito hipotecario en Chile. La UF ha jugado un papel fundamental al permitir que los bancos ofrezcan financiamiento a tasas más bajas y más estables, protegiendo tanto a los prestamistas como a los consumidores del riesgo inflacionario. Según Marcel, si se procede con esta medida, las instituciones financieras podrían trasladar el riesgo inflacionario directamente a los usuarios, encareciendo los créditos y estableciendo condiciones más restrictivas para los prestatarios. Esto, a su vez, limitaría las posibilidades de acceso a la vivienda para la clase media y baja.
La preocupación se extiende a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde su presidente, Alfredo Echavarría, ha descrito la iniciativa como «una pésima noticia». Echavarría enfatiza que eliminar la UF podría significar «una lápida para los créditos hipotecarios» y también podría perjudicar la inversión en el sector inmobiliario. La crítica se centra en cómo esta decisión contradice las políticas del mismo Gobierno que, en meses recientes, implementó subsidios para las tasas de interés. Para Echavarría, la situación revela una falta de coherencia en la política económica del país.
Desde el lado político, los impulsores del proyecto, como el diputado Daniel Manouchehri (PS), argumentan que la UF está perpetuando la desigualdad y que su indexación automática no hace más que aumentar los precios de forma descontrolada. Sin embargo, varios economistas coinciden en que las intenciones de regular su uso podrían tener efectos adversos. Por ejemplo, Claudio Agostini ha expresado su preocupación de que la restricción a la UF lleve a un cálculo de precios basado en proyecciones inflacionarias poco fiables, lo que podría incrementar aún más los costos de los servicios cotidianos.
Con el proyecto apenas en sus primeras etapas de discusión legislativa, se anticipa un profundo debate en la Cámara de Diputados. Las opiniones encontradas sobre la eliminación de la UF apuntan a la necesidad de escuchar a diversos actores, entre ellos el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), así como a organizaciones sociales. Este complejo panorama refleja la tensión entre el deseo de abordar la inflación y la necesidad de mantener un sistema financiero estable que fomente el acceso a la vivienda para todos los chilenos.
